El coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Enrique Álvarez Segura, informó que la trata de personas continúa siendo una amenaza silenciosa en Juliaca y San Miguel de la provincia de San Román, afectando principalmente a jóvenes entre 16 y 21 años. Advierte que esta franja estaría condicionada debido a factores como la pobreza, hogares disfuncionales y la falta de recursos económicos.
Según el coordinador, 7 de cada 10 jóvenes son captados con engaños en centros nocturnos o llevados a zonas mineras como La Rinconada, Puerto Maldonado y a otros lugares de la selva, donde terminan siendo explotados.
Enrique Álvarez Segura informa que existen actualmente dos instancias articuladas para combatir este delito, ambas con planes de trabajo definidos hasta el 2030. Estos planes se sustentan en tres ejes fundamentales: la prevención, la fiscalización y la asistencia a víctimas. Según el coordinador, cada eje está diseñado para abordar una parte clave del problema, desde evitar nuevos casos hasta atender a quienes ya fueron captados por las redes criminales.
Como parte del eje preventivo, Álvarez explica que se viene trabajando de manera activa con instituciones educativas, especialmente colegios y universidades, para informar a la población juvenil sobre los riesgos de la trata de personas. Además, señala que esta labor de prevención se realiza en coordinación con la UGEL San Román y especialmente con padres de familia, con el objetivo de crear una red de protección que reduzca la captación de menores.
El coordinador enfatiza que la fiscalización es otra herramienta clave, particularmente en locales nocturnos y zonas consideradas de alta vulnerabilidad. Sin embargo, advierte que este proceso se ve limitado por la falta de recursos, la débil coordinación entre instituciones y la limitada presencia del Estado en áreas rurales o de actividad minera informal, donde el delito suele desarrollarse con mayor impunidad.
Por otro lado, señala que la persecución del delito recae principalmente en La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Puno (FISTRAP) y la Policía Nacional del Perú, a través de sus unidades especializadas. No obstante, estos actores enfrentan desafíos importantes como la rotación constante del personal policial, lo que afecta la continuidad de los casos, y la falta de equipamiento tecnológico, lo que dificulta las labores de investigación y seguimiento.
Álvarez Segura también advirtió sobre la discrepancia entre las cifras reportadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, lo que dificulta obtener una visión precisa sobre la magnitud real del problema. Esta falta de datos consolidados, según afirma, obstaculiza el diseño de políticas públicas efectivas y limita la capacidad de respuesta del Estado.
Finalmente, subrayó la urgencia de fortalecer el sistema institucional, dotar de mejores recursos a las unidades especializadas y consolidar un enfoque integral que involucre a autoridades, sociedad civil y familias en la protección de los jóvenes frente a este delito que sigue creciendo de manera silenciosa.
Redacción: Celeste Mamani Coaquira
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