En el presente año, la escalada de violencia en las calles, junto a la persistente pobreza y la deficiente atención en salud pública, ha marcado la realidad peruana, según revela el INEI.
Entre abril y setiembre, el 34,9% de la población identificó a la delincuencia como el segundo mayor problema, tras la corrupción (55,6%), mientras la pobreza y la mala atención en salud pública alcanzaron el 16% y 7,8%, respectivamente.
A pesar de la creciente preocupación ciudadana, el deficiente desempeño de las autoridades ha propiciado un aumento considerable en estos indicadores, alcanzando en algunos casos niveles sin precedentes respecto a años anteriores.
JALADOS EN SEGURIDAD
En el ámbito de la seguridad ciudadana, la victimización en ciudades ha crecido de manera sostenida, alcanzando el 28,1% entre marzo y agosto del 2023, un incremento de 5,4 puntos porcentuales en comparación al mismo periodo del 2022 y de más de 11 puntos respecto al 2021.
La declaración de estados de emergencia en diversos distritos, no ha logrado revertir la situación, según revela una encuesta de Datum.
Frank Casas, especialista en seguridad, señala que la estrategia gubernamental carece de claridad y objetivos definidos, enfocándose poco en medidas preventivas. La falta de recursos se suma a la necesidad de establecer prioridades en la lucha contra la extorsión, delitos patrimoniales y homicidios.
MÁS POBRES, MÁS NIÑOS ENFERMOS
El incremento de la pobreza y la escasez ha impactado negativamente en la salud infantil, evidenciado por el 43,6% de niños menores de 3 años con anemia durante el primer semestre del 2023. La desnutrición crónica también afectó al 11,1% en este rango etario.
Mónica Muñoz-Nájar, economista, critica la falta de nuevas estrategias gubernamentales para abordar estos problemas a pesar del aumento presupuestario en protección social proyectado para el 2024.
VULNERABLES ANTE EL NIÑO
Adicionalmente, la falta de prevención ante los efectos de El Niño podría aumentar la vulnerabilidad de la población. Según el MEF, a mediados de diciembre, el país aún debía invertir el 38% de los S/4.168 millones para gastos extraordinarios en prevención.
A esto se suma que el Gobierno Central presenta un déficit del 35%, evidenciando un manejo deficiente en la ejecución de fondos destinados a funciones críticas como el saneamiento y la agricultura. La llegada tardía de recursos ha impactado negativamente en la preparación para enfrentar este fenómeno climático.
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