La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica abrió investigación contra Francisco Javier Ramón “Pancho” Massa Pardo, Joel Roberto “Lito” Rosales Pacheco y Gudelia Esmeralda “Lela” Dueñas Gameros, todos vinculados a Acción Popular, por presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. La disposición fue emitida el 28 de julio de 2025 y tiene como base la denuncia presentada por Luis Alberto Sayritupac Gutiérrez.
Según el documento fiscal, Rosales, alcalde distrital de Marcona y aspirante al Gobierno Regional de Ica 2026, habría recibido dinero ilícito proveniente de obras públicas, cobrando entre 15% y 30% del valor de cada contrato. Parte de esos ingresos habrían sido canalizados a través de Gudelia Dueñas, tesorera de Acción Popular en la región y posible candidata al Congreso.
Los fondos, de acuerdo con la denuncia, habrían servido para financiar propaganda política en beneficio de Pancho Massa, candidato a la alcaldía provincial de Ica por Acción Popular. El expediente menciona más de 70 pintas murales en la ciudad, cada una con un costo de entre S/1,500 y S/2,000, lo que habría representado gastos superiores a S/150,000. Las pintas también habrían promovido la candidatura regional de Rosales.
Ica: Pancho Massa, Lito Rosales y Lela Dueñas son investigados por Lavado de Activos.
La Fiscalía señala que, tras cuestionamientos públicos y partidarios, se ordenó repintar los murales para ocultar nombres, lo que generó un nuevo desembolso de alrededor de S/150,000. Además, Dueñas habría invertido más de S/70,000 en su propia campaña, con pintas y paneles publicitarios. Estos hechos serían indicios de presunto lavado de activos al usar dinero de origen ilícito en el mercado electoral.
Pancho Massa se defiende
En medio de la polémica, Pancho Massa salió a declarar y aseguró que todo se trata de una “guerra sucia” en su contra. En entrevistas recientes intentó desacreditar al denunciante y responsabilizó a adversarios políticos de orquestar acusaciones falsas. Su estrategia busca mostrar que la investigación responde a un enfrentamiento político y no a hechos comprobados.
El fiscal Yuri Alioska Antezano, encargado del caso, continuará de oficio con las diligencias para esclarecer el origen del dinero y el financiamiento de las campañas políticas. De confirmarse las acusaciones, los involucrados enfrentarían penas de entre 8 y 15 años de prisión, además de sanciones que podrían afectar directamente sus candidaturas en 2026.
La investigación golpea el corazón de Acción Popular en Ica, pues los tres investigados son aspirantes a cargos clave: Massa a la alcaldía provincial, Rosales al Gobierno Regional y Dueñas al Congreso. La posibilidad de que sus campañas estén manchadas por dinero ilícito abre un nuevo capítulo de incertidumbre política en la región.
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