En respuesta a la masacre de 13 mineros en la provincia de Pataz, en La Libertad, y ante el agravamiento de la inseguridad en el país, Huancayo se suma al paro nacional convocado para el próximo 14 de mayo, con una serie de demandas dirigidas al Gobierno central. Entre ellas destacan la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y del ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta
La medida de lucha ha sido anunciada por el Comando Unitario de Lucha – Región Junín, encabezado por Rogelio López Huamán. Además de los cambios en el gabinete ministerial, las organizaciones exigen la masificación del gas para Junín, la firma urgente de un convenio marco con la empresa minera Chinalco y una mayor presencia del Estado para enfrentar la expansión del crimen organizado y la minería ilegal.
Los dirigentes del Comando Unitario informaron que mantienen diálogo con gremios de transportistas, agricultores y comerciantes de los mercados de Huancayo, con el objetivo de lograr una adhesión más amplia al paro y fortalecer la protesta regional.
La convocatoria ocurre en un contexto de profundo malestar nacional, tras el asesinato de los mineros en Pataz, crimen atribuido a bandas armadas que operan con total impunidad en zonas de actividad extractiva. En respuesta a la masacre, el Ejecutivo decretó toque de queda en la provincia afectada, suspendió la actividad minera por 30 días y anunció la instalación de una base militar para recuperar el control del territorio. Sin embargo, estas acciones han sido consideradas insuficientes por las organizaciones sociales de Junín, que también cuestionan el papel de la presidenta Dina Boluarte ante la crisis de seguridad.
La movilización del 14 de mayo se perfila como una de las más significativas del año, con múltiples regiones del país sumándose a la protesta en defensa de la vida y contra la violencia.
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