Calló durante meses. Ahora decidió contarlo todo. Carlos Ramiro Jurado Espinoza, conocido como ‘Choca’ en el mercado de celulares de Huancayo, cumple prisión preventiva desde julio de 2024 por su presunta implicancia en el homicidio de la médico Alexandra Sobrevilla Jurado. Ante la Fiscalía, ha revelado una trama que, según su testimonio, involucra no solo a bandas criminales sino también a policías que cobran cupos y alertan sobre operativos en el pasaje Andaluz.
En su declaración, Jurado reconoció haber vendido los celulares robados a Alexandra Sobrevilla y a Franklin Chahuin Monago, administrador asesinado en circunstancias similares en 2024. Afirmó que los equipos, de ambas víctimas, le fueron entregados por los hermanos Carlos ‘Calín’ y Jesús Vásquez Beltrán ‘Jeshu’. Al principio, según dijo, no sabía que provenían de crímenes, pero luego se enteró por los noticieros. Aun así, decidió revenderlos. Uno de esos teléfonos terminó en manos de un comerciante del mismo pasaje.
Por este hecho, la Fiscalía lo investiga por el presunto delito de receptación agravada.
Teme por su vida
También denunció que ha sido amenazado de muerte dentro del penal de Huamancaca Chico por los hermanos Vásquez, a quienes el Ministerio Público considera cabecillas de la banda de falsos taxistas conocida como Los Yiyos. Contó que entre el 24 de marzo y el 1 de abril fue sacado de su pabellón con el pretexto de una reunión con su abogado, aunque en realidad fue llevado a una sala donde lo esperaban los propios Vásquez, otro detenido identificado como Cristian Rojas Espinoza (alias Gozu) y un abogado llamado Luis Ramos.
«Jesús me dijo que todo estaba en su boca», relató. «Si él decía que yo no era, entonces no era. A ‘Gozu’ también le repetían lo mismo. Les reclamé por qué tenía que pagarles y me respondieron que, si querían, hablaban, y que una o dos cadenas perpetuas les daban lo mismo», dijo ante el fiscal.
Las amenazas también fueron consignadas en una carta enviada el 18 de julio al director del penal, en la que solicitó su traslado a otro reclusorio por temor a ser asesinado. Según su testimonio, uno de los mensajes fue directo, «‘Choca’, la próxima que no nos pagues te vamos a matar. Total, yo aquí me voy a quedar», le amenazó ‘Jeshu’.
Lo más delicado de su testimonio fue la denuncia contra agentes policiales. Dijo que en el pasaje Andaluz, conocido por la venta de celulares de dudosa procedencia, los policías cobran cupos y avisan con anticipación sobre los operativos.
“Los policías de Terna cobran cupos en todo Andaluz. Se sacan los chalecos para ingresar, cobran en los diferentes stands y se retiran. Cuando hay operativos, siempre nos avisan para esconder todos los celulares”, afirmó.
Aunque no mencionó nombres de los policías, sí habló de la vendedora Flor Curasma, a quien señaló como una de las principales proveedoras de celulares robados. Según dijo, ella lidera la defensa de los detenidos y tiene un carácter violento. “Incluso agredió a una mujer policía”, comentó.
Recordó que una vez fue a su tienda a buscar un iPhone y ella le mostró varios modelos. “Es conocida porque vende iPhones robados. Todos son de gama alta. La ayudan sus hermanos Ronald, Marisol y otra persona cuyo nombre no recuerdo”, declaró.
La madrugada del 24 de mayo de 2024, Alexandra Sobrevilla fue asaltada por falsos taxistas que le robaron el celular, la asesinaron y arrojaron su cuerpo en una zona desolada de El Tambo. Cuatro meses antes, el 21 de enero, Franklin Chahuin fue asesinado en circunstancias similares, también en El Tambo.
Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Junín, ambos casos estarían vinculados a una red dedicada al robo violento de celulares para luego revenderlos. Los hermanos Vásquez están recluidos en Huamancaca Chico como presuntos líderes de esa organización.
El 18 de julio, la Policía detuvo a tres presuntos integrantes de la banda conocida como ‘Los Buitres del Taxi’. De acuerdo con las investigaciones, operaban en coordinación con los Vásquez. Los detenidos son Edison Melchor Ñahui, su padre César Melchor Palomino y Eder Aníbal Rojas Diego. Todos cumplen prisión preventiva por 12 meses, dentro del caso Chahuin.
Las declaraciones de Jurado pintan el contorno de una red en la que operan bandas delictivas, pero también, según él, agentes del propio Estado que deberían combatirlas.
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