Graves deficiencias en las condiciones de funcionamiento de diversas academias preuniversitarias de la provincia de Huamanga fueron detectadas durante operativos de supervisión realizados por la Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Huamanga, Indecopi y la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (DREA), tras denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales.
Durante las intervenciones, el personal defensorial constató aulas con severo hacinamiento, donde se concentraban hasta 150 estudiantes en espacios reducidos, muy por encima de los límites permitidos según el metraje de cada ambiente. De acuerdo con las normas vigentes, un aula debería albergar como máximo 35 estudiantes, dependiendo de sus dimensiones.
Además del exceso de alumnos, se verificaron condiciones estructurales inadecuadas, como techos en mal estado, pasadizos estrechos que dificultan una evacuación segura y mobiliario deteriorado que representa un riesgo permanente para los estudiantes. En algunos casos, los ambientes carecían de energía eléctrica, funcionando únicamente con iluminación natural.
Otro de los aspectos más críticos fue la situación de los servicios higiénicos, ya que en la mayoría de los locales inspeccionados no contaban con abastecimiento de agua, lo que compromete la salubridad y el bienestar de los jóvenes que asisten diariamente a estos centros de preparación.
Ante estas irregularidades, la Municipalidad Provincial de Huamanga procedió a la clausura temporal de dos academias, al no haber subsanado observaciones formuladas en supervisiones anteriores. Las autoridades indicaron que los operativos continuarán en los próximos días y se extenderán a otros locales.
La Defensoría del Pueblo advirtió que estas condiciones exponen a los estudiantes a un alto riesgo frente a eventuales emergencias, como sismos o incendios, debido a la falta de rutas de evacuación adecuadas y a la sobreocupación de los ambientes.
Durante las visitas, representantes de la Defensoría ingresaron a las aulas y dialogaron con los estudiantes, informándoles sobre sus derechos como usuarios del servicio educativo, recordando que, al momento de matricularse, suscriben un contrato que los faculta a exigir condiciones mínimas de seguridad y calidad para el desarrollo de sus clases.
La problemática identificada en Huamanga se replica en otras regiones del país. Informes de la Defensoría del Pueblo han advertido que la limitada fiscalización de academias preuniversitarias y centros de preparación ha permitido que muchos locales operen con sobreocupación, infraestructura deficiente y sin planes de seguridad, especialmente durante los meses previos a los exámenes de admisión.
A nivel nacional, las autoridades han reiterado que estos establecimientos, aunque de carácter privado, deben cumplir con normas de seguridad, salubridad y protección al consumidor, a fin de evitar poner en riesgo a miles de jóvenes que buscan acceder a la educación superior.
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