El Gobierno oficializó una controvertida ley que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con la Policía Nacional en la lucha contra la minería ilegal, en zonas declaradas en estado de emergencia. Esta medida, publicada este viernes en El Peruano, responde al alarmante auge de esta actividad ilícita, considerada una de las más destructivas en el país.
La norma modifica el reglamento de uso de la fuerza por parte del Ejército, ampliando su accionar en delitos como el narcotráfico, el terrorismo y ahora, la minería ilegal. Además, se estipula su intervención en protección de infraestructuras estratégicas y servicios esenciales cuando la Policía sea sobrepasada. La adecuación del reglamento se dará en un plazo de 60 días.
Boluarte cuestiona restricciones legales
La presidenta Dina Boluarte defendió la decisión, afirmando que es «coherente con el ordenamiento jurídico vigente» y que busca restablecer la paz en zonas donde “el crimen y el terrorismo” amenazan la estabilidad nacional. Con un tono severo, cuestionó las restricciones legales previas que, según dijo, “defienden los derechos humanos de los delincuentes y no de los peruanos de bien”.
Actualmente, las Fuerzas Armadas ya actúan en tareas de control interno, pero no podían intervenir directamente en zonas como Pataz, en La Libertad, epicentro de violentos conflictos por el oro ilegal. Allí, bandas armadas han perpetrado ataques que han dejado más de 15 muertos, generando presión de gobiernos locales y gremios mineros para reforzar la seguridad estatal.
