El defensor del pueblo Josué Gutiérrez no pudo dar una explicación jurídica clara sobre por qué el escrito que tramitó su despacho ante el Tribunal Constitucional (TC), cuyo tenor busca blindar a Dina Boluarte mediante un proceso de demanda competencial, fue firmado por la Adjuntía de Derechos Humanos y no por el área directamente vinculada con el tema, como es la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
Josué Gutiérrez estuvo este jueves 24 en Arequipa. Allí participó en la audiencia convocada por el TC, para escuchar a las partes en la demanda competencial presentada por Palacio contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, con el propósito de bloquear las carpetas fiscales que le abrieron a Dina Boluarte.
De hecho, el defensor fue visto previamente en el aeropuerto de Lima acompañado de Ernesto Blume, abogado de Dina Boluarte, según reveló La Encerrona. Luego, ya en Arequipa, Josué Gutiérrez fue captado al ingreso de la sede del TC en diálogo ameno con Joseph Campos, el encargado de intervenir en la audiencia en representación de la mandataria. Así lo quedó registrado en esta imagen:
Sin argumentos
Este portal dio cuenta el martes sobre el amicus curiae tramitado por Josué Gutiérrez en apoyo a Dina Boluarte y alertamos también que el documento no había sido firmado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales, que es el área más especializada en materia constitucional, incluyendo el diseño de la estructura del estado, las competencias y la división de poderes.
El escrito fue firmado por la Adjuntía en Derechos Humanos, a cargo de Carlos Fernández Millán, ahora recordado por confesar en el Congreso su apoyo al proyecto de una ley de amnistía de Jorge Montoya.
Es más, Carlos Fernández Millán firmó el escrito recién el lunes 21 a las 4:17 p.m. Y a las 4:39 p.m. el documento fue ingresado en forma célere al TC, según consta en el sello de mesa de parte. Pasaron apenas 22 minutos. Esto grafica el especial interés y premura de Josué Gutiérrez para presentar el escrito a favor de Dina Boluarte.
Pues bien, en una cobertura colaborativa, el periodista Jorge Soto de Radio Contacto Sur abordó al defensor a la salida de la audiencia en Arequipa y le planteó la pregunta directa sobre este acto inusual de encargar un escrito a una adjuntía distinta en términos de especialidad.
Josué Gutiérrez ensayó una respuesta y mencionó que se requería una visión más amplia, deslizando así que la Adjuntía en Asuntos Constitucionales no la tiene.
– ¿Por qué al amicus curiae fue elaborado por la adjuntía de derechos humanos y no por la adjuntía constitucional?
– Bueno, porque el análisis justamente rebosaba en el estado de bienestar de la ciudadanía y en cómo poder fortalecer la institucionalidad democrática del país y eso corresponde a una visión mucho más amplia de derechos humanos.
Esta fue la respuesta del defensor, quien obvio cualquier referencia a la especialidad de las adjuntías y los antecedentes de la misma institución defensorial.
Funciones
El ROF de la Defensoría (artículo 102.b) establece que son funciones de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales: “elaborar los informes, documentos de trabajo, resúmenes ejecutivos, proyectos de demandas o cualquier otro documento vinculado con los temas de derecho constitucional”.
Consultado sobre el tema, Alberto Cruces, exadjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría, consideró que es verdad que el tema de la posible responsabilidad de los altos funcionarios eventualmente podría tener un enfoque de derechos humanos, pero el tema principal de la interpretación de la Constitución le corresponde a la adjuntía más especializada.
“Este tema en particular sobre la interpretación del artículo 117 de la Constitución es principalmente de competencia de la adjuntía constitucional, porque justamente tiene que ver con el balance entre poderes y la interpretación de un artículo constitucional”, explicó.
Cruces observó que según el ROF de la Defensoría, el tema de la demanda competencial “no parece estar cerca de las materias de la adjuntía en Derechos Humanos”.
Precedente
Alberto Cruces recordó que la Defensoría ya vio con anterioridad el tema del artículo 117 de la Carta Magna y hubo un informe jurídico elaborado nada menos que por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales.
“Hay un informe con número 003-2022 que trata sobre la responsabilidad del presidente de la República y es de la Adjuntía Constitucional. Al margen de que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con ese informe, ha sido tradicionalmente una línea que ha sido trabajado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. No parece haber razones para que ya no lo trabaje esta adjuntía”, recalcó.
Aquel informe sí consideraba viable que se investigue a un presidente durante su mandato. El documento fue elaborado durante la gestión del exdefensor Walter Gutiérrez. Ahora Josué Gutiérrez impulsa una postura institucional distinta, aunque para eso se permite quebrar también el diseño institucional y funcional de la propia Defensoría.
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