El Ministerio Público formalizó una investigación preliminar contra altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presunto delito de tortura durante las protestas sociales ocurridas el 9 de febrero de 2023 en la provincia de Aymaraes, región Apurímac.
Según la fiscal provincial Elizabeth Quispe, las detenciones se realizaron en la zona conocida como Siete Vueltas, donde las víctimas habrían sido atadas de manos por varias horas y sometidas a violencia física y psicológica.
“Existen elementos suficientes para presumir responsabilidad penal de quienes lideraban los operativos”, afirmó.
Entre los investigados figuran el excomandante general de la PNP Raúl Alfaro Alvarado; el exteniente general Jorge Angulo Tejada; el jefe de la región policial Apurímac, Jesús Flores Solís; y otros oficiales y suboficiales de la PNP.
Este caso forma parte del conjunto de 61 investigaciones abiertas por el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), relacionadas con la represión entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Hasta el momento, 42 expedientes ya se encuentran en etapa preparatoria y dos han sido presentados formalmente ante el Poder Judicial.
Las investigaciones alcanzan también a miembros del Ejecutivo. En mayo, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, así como contra los ex primeros ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, y varios exministros del Interior y Defensa.
“Los hechos ocurrieron en distintas regiones del país, como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, donde se habría usado de manera desproporcionada la fuerza contra manifestantes”, indicó un informe de la Fiscalía.
En Ayacucho, el equipo fiscal alista tres nuevas acusaciones: el caso Huanta, con dos víctimas; Wanchaq-Cusco, con 30 víctimas; y Trujillo, con 38 personas afectadas. A ello se suma la investigación ya formalizada contra 27 militares por la represión en Huamanga, los días 15 y 16 de diciembre de 2022.
Por su parte, organizaciones como la Asociación Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023 (Asfah) continúan haciendo seguimiento a los procesos judiciales. Recientemente, sus representantes se reunieron con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para solicitar el cumplimiento de compromisos pendientes con las víctimas.
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