El viernes 12 de diciembre del 2025, casi a las once de la mañana, el techo de fierro del Coliseo Cultural de Salcedo se vino abajo. Los obreros estaban soldando las vigas cuando toda la estructura cedió de repente. Los hombres cayeron junto con los fierros. Primero se escuchó el golpe seco del metal contra el cemento. Después, una nube de polvo lo tapó todo. Luego, se oyeron los gritos.
Luego, la versión oficial. Un muerto. Nueve heridos. Los nombres de los heridos: Walter Llanos Silva, Lorenzo Acosta, Antonio Casemiro Reyes, Sebastián Mamani Huamán, Max Ramos Choque, Cristian Mamani Suero, Johe Atahuachi Delgado, Félix Reynaldo Pacori Mamani, Hitler Huamán Ushiñahua. El nombre del fallecido, el ciudadano de Pucallpa, Lorenzo Acosta Dantas. Sesenta y tres años.
¿Ausencia del residente y supervisor de la obra?
Porque ahí, entre los hierros retorcidos, está la primera pista del crimen: la ausencia. “Al parecer no estaban el supervisor ni el residente de la obra”, sospecha la prensa, porque no les dejaron pasar.
“El protocolo, esa palabra que los funcionarios escriben en los informes y borran en la realidad. No hubo. El residente de obra, el que debía estar ahí con los planos y el cálculo en la cabeza, no estaba. El supervisor, el que debía vigilar porque la improvisación no matara a los obreros, no estaba. Parece que el único técnico presente era el maestro de obra que murió. Los demás, operarios”.
Los verdaderos responsables
En la construcción del Coliseo Cubierto de Salcedo-Puno, un proyecto diseñado para fomentar el deporte y la cultura en la región a cargo del Gobierno Regional de Puno, su máximo responsable es el gobernador Richard Hancco Soncco. Pero debajo de él, con las manos metidas en el barro de esta obra, estaban dos hombres que tenían la obligación directa, específica, de que esto no pasara:
- Jhon Machado Cortés, jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos. Su trabajo, literalmente, era SUPERVISAR. Verificar. Liquidar lo incorrecto antes de que liquidara vidas.
- Jorge Edson Limache Mozo, Gerente Regional de Infraestructura. El jefe máximo de la obra. El que firma, el que autoriza, el que debería saber si los que levantan el techo tienen seguro o si están anclando vigas a ciegas.
Ellos no cumplieron. No hicieron cumplir. Permitieron que SIMA Perú S.A., la empresa contratista, operara en la ilegalidad y en la impunidad técnica. ¿Cómo se permite que nueve hombres monten una estructura así, sin seguridad elemental?
“Debían activar todo el protocolo… como en el techo de un colegio… el maestro de obra… residente… supervisor… Pero, en Salcedo… los obreros estaban torneando dos vigas de ambos lados con pernos… en ese momento se han hecho ganar… nadie los ha ayudado…”. El relato, entrecortado y lleno de horror, es el acta de acusación más elocuente.
Pero la cadena de desprecio por la vida de los trabajadores es más larga. Llega hasta la oficina que debería garantizar los derechos de los trabajadores: la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Su intendente regional en Puno para 2025 es Álvaro Martín Carbajulca Durán.
Mientras los obreros subían sin redes, ¿dónde estaba la Sunafil? Mientras SIMA PERU S.A. no les daba el seguro complementario de trabajo de ley, ¿dónde estaban las multas? La prueba de su fracaso está escrita en la derivación de cuatro heridos: “al no contar con seguro”, tuvieron que ser llevados al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. La Sunafil de Puno, bajo el mando de Carbajulca Durán, no garantizó ni el más básico de los derechos: “que, si te rompes el cuerpo trabajando, alguien pague la cura”.
El seguro de vida ley, el SCTR, las gratificaciones, la CTS… todo ese rosario de beneficios que la ley de construcción civil enumera para hacer más llevadera el trabajo, aquí brillaron por su ausencia. Sunafil no supervisó. Esa inacción es complicidad. Cada herido sin seguro es una denuncia viva contra Álvaro Martín Carbajulca Durán.
Como “Poncio Pilatos”, los responsables de esta tragedia, se lavaron las manos.
Frente al desastre, los poderosos sacaron sus comunicados, esas cartas de descargo que se escriben con sangre ajena. SIMA Perú S.A., la empresa de la Marina de Guerra del Perú, dijo “lamentar profundamente” y ofreció colaborar. Nada dijo de por qué sus trabajadores no tenían la cobertura debida. Nada dijo de por qué el montaje se hizo sin precauciones. Su comunicado es un paño frío sobre una herida gangrenada.
Luego habló el gobernador, Richard Hancco Soncco no habló de supervisión fallida, ni de seguridad obrera, ni de responsabilidades políticas. No. Citó el comunicado de SIMA PERU para señalar: “el hecho… se produjo a consecuencia del proceso de instalación que estaba a cargo de SIMA. Lo que demuestra que no es a consecuencia de deficiencia en la calidad de material, etc. como hacen ver algunos envidiosos con la región de Puno”.
Ahí está la jugada maestra de Hancco: lavarse las manos. “Fue la empresa, no mis materiales”. De paso, convertir una tragedia en un asunto de rivalidades políticas, de “envidiosos”. La vida de Lorenzo Acosta Dantas, reducida a un punto en una trinchera política. Hancco Soncco agradeció a los que “nos alientan a seguir trabajando”. ¿A trabajar así? ¿A construir sobre cadáveres?
¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo?
la Defensoría del Pueblo, en un gesto que ya es costumbre de la impunidad peruana, pidió a la Fiscalía “el inicio de una investigación inmediata”. Ya sabemos cómo terminan esas investigaciones: en legajos polvorientos y en la prescripción de los delitos. Lo que no hizo la Defensoría, lo que nadie hace, es señalar con el dedo índice y decir: los responsables tienen nombre y apellido y están sentados en sus escritorios, calentando la silla con su irresponsabilidad.
¿No aprendieron de Gregorio Ticona Gómez?
Hay un dato que convierte esta tragedia en una estupidez aún mayor. En Ilave, hace años, el ex alcalde Gregorio Ticona Gómez construyó un coliseo similar. Sin muertos. ¿Ningún técnico de SIMA o del Gobierno Regional de Puno pensó en ir a verlo? ¿En aprender? ¿En copiar, aunque sea, lo que sí funciona? La soberbia de la improvisación fue más fuerte. Prefirieron improvisar y, matar a un hombre.
Fue un asesinato por negligencia
Esto no fue un “accidente”. Los accidentes son inevitables. Esto fue un asesinato por negligencia. Un homicidio culposo repartido en varias manos: las de la empresa SIMA Perú S.A., que no garantizó seguridad; las de Jhon Machado Cortés y Jorge Edson Limache Mozo, que no supervisaron ni hicieron cumplir; las de Álvaro Martín Carbajulca Durán, de Sunafil, que no fiscalizó; y, en la cima, las del gobernador Richard Hancco Soncco, cuyo discurso después del hecho revela su prioridad: la obra, no la vida; la imagen, no la justicia.
Por eso, este reportaje no puede terminar con un “lamentamos lo sucedido”. Debe terminar con una exigencia. Estos funcionarios no deben seguir un día más en sus cargos. Deben ser removidos. Y, más importante, deben ser denunciados penalmente por negligencia, por violación de las normas de seguridad, por permitir condiciones de trabajo precarias que llevaron a la muerte. Que el Poder Judicial investigue a los nombres: Hancco, Machado Cortés, Limache Mozo, Carbajulca Durán. Que la empresa SIMA Perú S.A. enfrente todo el peso de la ley.
Porque Lorenzo Acosta Dantas ya no puede hablar. Pero los fierros retorcidos del Coliseo de Salcedo, y los nueve heridos sin seguro, gritan su nombre. Y señalan a los responsables.
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