El proceso de descentralización en el Perú cumple más de dos décadas, marcado por un balance crítico entre los analistas y especialistas del sector. En un reciente programa de la Red de Medios Regionales del Perú, expertos abordaron cómo la única reforma estructural intentada en este siglo ha quedado frustrada y relegada principalmente a aspectos administrativos y procedimentales. Esta situación ha impedido concretar un verdadero desarrollo territorial, acentuando las brechas entre la capital y las diversas provincias del país.
A lo largo de este periodo, las expectativas de lograr una autonomía fiscal sólida y una distribución eficiente de los recursos estatales no se han cumplido. El antropólogo e investigador Eduardo Ballón Echegaray sostuvo que la orientación original del proyecto omitió la importancia de la gestión del territorio y la lógica de la calidad de los servicios públicos, priorizando en su lugar la mera ejecución del gasto. Esta dinámica genera un escenario donde regiones enteras quedan vulnerables ante la falta de presencia estatal.
La coyuntura política actual añade incertidumbre sobre la posibilidad de impulsar cambios significativos desde el Poder Ejecutivo. El desinterés histórico de las cúpulas partidarias centralistas se refleja en la escasa representación que presentan en las elecciones subnacionales. A esto se suma el rol de las élites económicas y la alta dependencia de los recursos provenientes del canon minero, los cuales se concentran en pocas regiones sin consolidar planes de desarrollo estratégicos o de seguridad alimentaria.
La brecha técnica y los retos en la ejecución presupuestal
Por su parte, el economista y especialista en proyectos de inversión pública Yefferson Llonto Caicedo precisó que los problemas no radican únicamente en la asignación del presupuesto, sino en la capacidad técnica institucional de los gobiernos subnacionales. A pesar de que la inversión pública se ha descentralizado en volumen a lo largo de los años, cerca del 40% de los recursos para obras retornan anualmente al Tesoro Público por ineficiencias en la gestión y por la discontinuidad de proyectos ante los cambios de gestión.
Asimismo, las inconsistencias en los marcos normativos generan una constante duplicidad de funciones entre los municipios y los gobiernos regionales. La falta de un mecanismo de reparto equitativo y la discrecionalidad en las asignaciones presupuestales acentúan el desequilibrio entre las distintas zonas del territorio. Esta debilidad operativa propicia escenarios propicios para la corrupción e impide atender emergencias severas como la seguridad ciudadana y el cambio climático.
Frente a este panorama, los especialistas coinciden en que la ciudadanía y las organizaciones locales deben asumir un rol activo de demanda y fiscalización. Revertir la crisis del modelo exige fortalecer el desarrollo del recurso humano mediante el sistema de servicio civil y articular una gobernanza multinivel efectiva. Solo mediante la integración real entre el planeamiento y el presupuesto se logrará que la descentralización responda a las necesidades concretas de la población.
