Con el respaldo mayoritario de las bancadas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), el Congreso de la República aprobó en segunda votación la controvertida ley que dispone que los presuntos delitos cometidos por policías y militares durante el ejercicio de sus funciones sean investigados y juzgados exclusivamente por la jurisdicción militar-policial. La propuesta obtuvo 52 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones.
La norma modifica el Código Penal Militar Policial y establece que, cuando exista un proceso abierto en el fuero militar-policial, la justicia ordinaria deberá inhibirse de intervenir en los mismos hechos. Incluso, ordena el archivo de investigaciones en curso que se encuentren bajo competencia de la jurisdicción común.
¿Impunidad?
Durante el debate, congresistas de oposición alertaron que la medida podría generar espacios de impunidad frente a posibles abusos cometidos por agentes del Estado. La legisladora Flor Pablo cuestionó que se pretenda retirar estos casos del control de la justicia ordinaria, mientras que Ruth Luque advirtió que la iniciativa debilita los mecanismos de rendición de cuentas en un Estado democrático.
Las críticas también alcanzaron a las bancadas que impulsaron la aprobación de la norma. Diversos especialistas en derechos humanos sostienen que el fuero militar debe limitarse a infracciones estrictamente vinculadas a la disciplina castrense y no a delitos que puedan afectar derechos fundamentales de los ciudadanos.
Naciones Unidas en contra de norma
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había exhortado previamente al Congreso a rechazar la propuesta por considerar que podría restringir el acceso a la justicia de las víctimas. Pese a ello, la iniciativa fue ratificada por el Parlamento y ahora queda en manos del Poder Ejecutivo decidir si la observa o la promulga.
