Más de 110 mil casas informales en Puno agravan el riesgo por heladas y sismos para miles de familias que, lejos de una solución, ven cada día empeorar sus condiciones de vida, así lo evidenció Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE).
El 68% de las viviendas puneñas sigue construyéndose sin título legal y carece de servicios básicos como agua y luz, una realidad que pone contra las cuerdas a sus ocupantes, quienes enfrentan vulnerabilidad extrema cada temporada de bajas temperaturas.
De cada diez inmuebles que aparecen en la región, solo uno tiene licencia de construcción y supervisión profesional, cifra que se ubica por debajo del promedio nacional y deja la mayoría de hogares sumidos en la improvisación y el riesgo estructural.
Entre 2007 y 2024, el 87% de las casas urbanas en Puno nació de lotizaciones irregulares o invasiones, donde ninguno de los ocupantes puede garantizar la seguridad o legalidad de sus terrenos y el acceso a servicios sigue siendo una ilusión.
La precariedad predomina, con más de la mitad de techos elaborados con calamina y esteras, mientras que el 27% de los muros, hechos de adobe o quincha, apenas resisten el paso del tiempo y los embates naturales que frecuentan la zona.
Estos materiales vulnerables aumentan la exposición al frío de las heladas y a los temblores propios del país, sumando aún más peligros para quienes intentan proteger a sus familias con recursos mínimos y sin apoyo efectivo del Estado.
Las viviendas informales exhiben improvisación total, sin documentos que acrediten propiedad ni acceso a redes de agua, desagüe o electricidad, convirtiéndose en refugios de inseguridad y obstáculos diarios para sus ocupantes.
Un 16% de las casas informales en Puno lleva más de veinte años sin agua potable, dependiendo de cisternas que, además de ser menos seguras, les cuestan hasta cuatro veces más que el acceso formal, según estimaciones del IPE.
La falta de saneamiento y luz también golpea fuerte: el 18% de hogares sigue sin conexión a desagüe ni suministro eléctrico, lo que eleva los riesgos de enfermedades como diarrea en niños y adultos, advierte la misma especialista.
La expansión urbana desordenada se debe, en parte, al poco esfuerzo de los gobiernos locales y regionales, quienes no supieron prever ni organizar el aumento de población y construcción de nuevas viviendas, dejando que el caos se imponga.
Además de la falta de planificación, el negocio de tráfico de terrenos avanza con promotores que venden lotes sin servicios y prometen que, algún día, el Estado llegará a dotarlos de agua o luz, mientras persiste la informalidad.
La economía familiar también limita las opciones, pues siete de cada diez trabajadores laboran sin contrato ni seguridad, lo que les impide pedir créditos hipotecarios o acceder a programas oficiales de vivienda, perpetuando la informalidad.
En lo inmediato, Paola Herrera advierte que no se debe legalizar terrenos invadidos, ya que esa acción valida el accionar irregular y refuerza el ciclo sin fin de crecimiento informal; urge fortalecer los planes urbanos municipales.
A largo plazo, urge combatir la informalidad laboral y potenciar la educación financiera, así los ciudadanos podrán solicitar créditos y programas sociales, mejorando sus posibilidades de obtener una vivienda digna con respaldo legal.
La inversión pública supera los S/ 730 millones en la última década, pero la brecha de acceso a agua y desagüe creció del 26.2% al 45.6% entre 2015 y 2024; la informalidad va ganando terreno y el Estado no logra revertir el problema, reiteró Herrera.
Mantener este ritmo implica más gastos y riesgos para las familias, quienes viven lejos de hospitales, escuelas y servicios básicos, en condiciones de inseguridad y constante exposición al peligro, lo que exige una estrategia integral urgente.
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