Por : J. Carlos Flores Vargas
Funcionarios del Gobierno Regional de Puno y una empresa proveedora se encuentran en la mira de la justicia tras la presunta extracción de más de S/ 500 mil de las arcas públicas mediante el pago por un camión fantasma.
Es decir, se canceló por una maquinaria que no existía, por operarios que nunca trabajaron, por combustible que no se utilizó y por horas de labor que jamás se concretaron.
Falsificación
Lo más grave de este caso es que se habrían falsificado contratos y documentos que supuestamente acreditaban la ejecución del servicio, además de una serie de comprobantes utilizados para simular un alquiler de camión volquete que nunca se realizó.
El presunto delito se dio en el proyecto “Mejoramiento de la carretera Calacota – Santa Rosa de Huayllata (Ruta R-11), distrito de Ilave, provincia de El Collao, región Puno”.
Contrato falso
Para la ejecución de la obra se requería el servicio de siete camiones volquete, el cual fue encargado a la empresa Corporación R & K Constructores EIRL, representada por su gerente Roxana
Vilca Choque.
La Contraloría detectó que, para ganar el concurso, la empresa presentó diversos documentos, entre ellos un supuesto contrato entre el propietario de un camión y la empresa para la prestación del servicio. El propietario del vehículo, Edwin Anchapuri Zapata, dueño del camión de placa D9Q-887, señaló que la empresa utilizó su nombre de manera fraudulenta y falsificó su firma sin su conocimiento para obtener el contrato.
Anchapuri Zapata fue interrogado y confirmó que no conocía a Roxana Vilca Choque y que desconocía por completo la existencia de dicho contrato.
Hasta ese punto, la responsabilidad recaería en la empresa contratista y en una posible verificación deficiente por parte de los funcionarios del Gobierno Regional.
Funcionarios
Sin embargo, el caso se agrava cuando se llega a la etapa de los pagos, ya que se emitieron varias conformidades de servicio. Se falsificaron las firmas de siete operadores que supuestamente manejaban los vehículos. Al ser verificados, cuatro de ellos negaron haber elaborado dichos documentos, mientras que los otros tres no pudieron ser interrogados, aunque existen indicios de que tampoco participaron.
Identificados
La Contraloría advirtió que los partes diarios, es decir, los registros de las labores ejecutadas, fueron adulterados para aparentar que siete camiones estaban prestando el servicio. En los partes adulterados figuran las firmas de:
Jhon Rubén Borda Ccalla (del 6 de enero al 31 de diciembre de 2022)
Daniel Maquera Maquera (del 5 de enero al 6 de septiembre de 2022)
Juan Fernando Condori Alanoca (del 6 de septiembre al 31 de diciembre de 2022)
Milagros Zunilda Maquera Atencio (controladora de maquinaria, del 31 de enero al 4 de agosto de 2022)
Abel Néstor Vera Puma (controlador de maquinaria, del 4 de agosto al 30 de noviembre de 2022)
El informe de la Contraloría señala presunta responsabilidad penal contra todos los mencionados.
Los hechos se remontan al año 2022, pero debido a su gravedad recién se hacen públicos. Cabe indicar que en diciembre de 2025 los pormenores del caso fueron remitidos al gobernador regional Richard Hancco.
Por : J. Carlos Flores Vargas /Diario Los Andes/
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