Un nuevo episodio de tensión se vive en la provincia de Cangallo, tras conocerse que el presidente de la comunidad campesina de Huancarucma, Jhonatan Anchayhua Pareja, fue amenazado de muerte con una carta anónima, acompañada de una ofrenda floral y tres municiones, dejadas en la puerta de su vivienda, ubicada en la avenida Víctor Fajardo s/n, en la ciudad de Cangallo.
“En la puerta de mi casa han dejado una carta, una ofrenda floral y tres municiones amenazándome de muerte. Sospecho que esto tiene relación con los terrenos comunales en Huancaruma, donde presenté una denuncia por defender las tierras de los anexos”, declaró el dirigente visiblemente preocupado, al tiempo que pidió garantías personales a las autoridades ante el riesgo que corre su vida.
El conflicto territorial entre las comunidades campesinas de Huancarucma y Payahuanay (o Andabamba) tiene una larga historia de enfrentamientos y tensiones por la delimitación de linderos comuna-les. A pesar de diversas intervenciones institucionales y de una resolución judicial emitida en 2020 que falló a favor de una de las partes, el problema persiste y se ha traducido en hechos de violencia. Anchayhua Pareja aseguró que las amenazas recibidas buscan intimidarlo y frenar las acciones legales emprendidas por la comunidad para recuperar sus terrenos.
“No es la primera vez que intentan amedrentarme. Estamos defendiendo lo que legítimamente nos pertenece, pero necesitamos la protección del Estado”, afirmó.
A pesar de las reuniones sostenidas entre representantes comunales, autoridades del Gobierno Regional y el municipio provincial de Cangallo, hasta el momento no se logró un acuerdo concreto que ponga fin al conflicto. La Defensoría del Pueblo también intervino en ocasiones anteriores, exhortando a las autoridades a garantizar la paz social y la seguridad de los dirigentes comunales. Los pobladores de Huancarucma expresaron su respaldo a su presidente y exigieron la inmediata intervención del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú para investigar las amenazas y garantizar la seguridad de la comunidad.
“No podemos seguir viviendo con miedo. Queremos que se respete la ley y se sancione a quienes promueven la violencia”, señalaron.
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