Desde el pasado 10 de marzo de 2025, los pobladores del centro poblado Atico, en la provincia de Caravelí, viven bajo el temor constante de ser atacados. Más de 200 personas fueron desalojadas de la zona minera Calpa, donde trabajaban y vivían, tras asistir a un evento público. Al regresar, encontraron su acceso bloqueado y la zona controlada por hombres armados. La historia de Atico se repite: una disputa minera en Arequipa sin resolver que, lejos de apaciguarse, amenaza con estallar nuevamente.
“Nosotros hemos sido despojados el 10 de marzo, de manera arbitraria, sin ninguna explicación”, declaró Manuel Ismael Alca Casimiro, presidente de la Asociación de Vivienda Social y Cultural del centro poblado Atico. «Desde ese momento hasta el día de hoy, nosotros no tenemos ingreso… Pero, señores, aquí hay una tranquera que hacen el control diario de las personas».
Arequipa: vía bloqueada y promesas incumplidas
El centro del conflicto gira en torno a la antigua vía AR-104, que conecta Atico con la mina Calpa. Aunque la Gerencia Regional de Transporte de Arequipa emitió el oficio N.° 259-2025, reconociéndola como vía pública regional, las personas que actualmente controlan el paso aseguran que es propiedad privada. La tensión aumentó cuando el 24 de marzo, en una mesa de diálogo convocada por la Municipalidad de Atico, no se presentaron los documentos que probaran esa supuesta titularidad.
Los intentos de los vecinos por hacer mantenimiento a la vía, con maquinaria y respaldo institucional, fueron detenidos por la presencia de alambradas con púas. Según los acuerdos tomados en esa reunión, la otra parte tenía siete días para sustentar su derecho de propiedad. Sin embargo, nunca lo hicieron. El 4 de abril, un nuevo encuentro en Arequipa ratificó que la vía es pública, pero el ingreso continuó bloqueado.
El 10 de abril, durante otra mesa técnica, las autoridades regionales volvieron a reiterar que la vía AF-104 es de libre tránsito. Pese a ello, hasta la fecha no se ha permitido su reapertura. “Se burlan de las autoridades y de toda la ley, porque saben que la Constitución garantiza el libre tránsito”, reclamó Alca. La frustración crece, mientras los vecinos no pueden acceder a sus campamentos ni a sus lugares de trabajo.
Arequipa: militarización y miedo colectivo
En paralelo, la presencia de más de 80 efectivos policiales en el distrito ha generado un clima de miedo entre la población. Según Walter Edinson Neyra, presidente del Frente de Defensa de Atico, los efectivos “actúan como si fuéramos delincuentes” y protegen a los verdaderos responsables del conflicto. “En el centro minero están como perro en su casa. Nadie dice nada”, expresó indignado.
Neyra denuncia que el enfrentamiento entre las asociaciones Calpa Renace y Atico-Calpa es manipulado para justificar el desalojo de la población local. “Ellos hacen ver todo como si hubiera muchos grupos, pero eso es mentira. Son ellos los que han tomado toda la posesión de la mina”, afirmó. En lo que va del año, ya se han registrado dos nuevos enfrentamientos y el temor a que la violencia escale como en 2022 —cuando murieron 14 personas— es cada vez mayor.
El 29 de mayo, según reportes locales, se bloqueó nuevamente la vía de acceso a Atico, lo que provocó enfrentamientos. Los pobladores responsabilizan directamente a la Policía Nacional del Perú, acusándola de respaldar a los grupos armados que controlan la zona.
Arequipa: entre la desprotección estatal y el hartazgo popular
Pese a las mesas de diálogo, resoluciones y pronunciamientos legales, la situación en Atico sigue estancada. Los dirigentes exigen que el gobierno central declare estado de emergencia y tome el control de la zona, antes de que ocurra una tragedia mayor. “A mí hasta ahorita ya son como cuatro procesos que me han abierto. Uno de los procesos que han abierto es del Estado”, denunció Neyra.
La indignación no solo apunta a la falta de acción estatal, sino también a la actuación de las autoridades locales. Neyra cuestionó duramente al alcalde provincial de Caravelí, Soto Rivero, por oponerse a la declaratoria de emergencia. “Él no es representante de mi pueblo. Si pasa algo peor, él será el responsable”, sentenció.
Mientras tanto, los pobladores de Atico continúan movilizándose con documentos, videos y testimonios, buscando que sus voces sean escuchadas. “Más de 200 personas han venido a ver esta problemática. El pueblo se está sumando porque quiere justicia”, finalizó Neyra.
Un cierre sin justicia
El conflicto en Atico expone una herida abierta en Arequipa: la convivencia entre minería informal, legalidad precaria y abandono estatal. Con antecedentes mortales y denuncias de crimen organizado en curso, la situación no admite más dilaciones. La carretera sigue bloqueada, las familias siguen fuera de sus hogares y el Estado aún no aparece.
Si no se actúa con prontitud, Atico podría convertirse en el nuevo epicentro de una tragedia anunciada, como ya ocurrió en Pataz. En palabras de sus dirigentes: “La población va a reaccionar. Y si pasa algo peor, las autoridades tendrán que asumir su responsabilidad”.
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