Un informe de la Contraloría General de la República reveló una grave falla en los procesos de transparencia de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa. El órgano de control identificó que la institución no publicó la lista de inmuebles disponibles en tres subastas públicas realizadas durante 2025 para su arrendamiento, limitando la participación ciudadana y afectando la rendición de cuentas.
La irregularidad se evidenció en los procesos de Subasta Pública N° 001, 002 y 003 del año 2025. Aunque la entidad publicó anuncios en el diario El Pueblo y en su página de Facebook con información general sobre cronogramas, costos de bases y contactos, en ninguno de los casos se detalló qué bienes estaban en convocatoria. Esta omisión ocurrió pese a que las bases administrativas internas sí incluían un listado completo de los inmuebles a subastar.
Entre los inmuebles no divulgados se encuentran oficinas en el Centro Comercial Independencia, una casa-habitación en General Morán 109-111, tiendas en la avenida Pumacahua de Cerro Colorado y un departamento en la avenida La Paz 511. La responsabilidad de esta publicidad recae, según el reglamento interno, en la Gerencia de Recursos Económicos e Inmobiliarios y la Dirección de Gestión Inmobiliaria de la Beneficencia.
Normativa vulnerada en institución de Arequipa
La Contraloría señaló que esta práctica contraviene el “Reglamento para arrendamiento de inmuebles” de la propia institución, aprobado en octubre de 2023. El artículo 9° de dicha norma establece explícitamente que la publicación de los inmuebles disponibles debe realizarse a través de medios de comunicación como radio, televisión, periódicos y redes sociales.
Además, la falta de publicidad adecuada incumple los Lineamientos para la Implementación de Buenas Prácticas de Gestión de las Sociedades de Beneficencia, que exigen transparencia y acceso a la información en todas sus actuaciones. La Gerencia y la Dirección a cargo son las responsables directas de hacer cumplir estas disposiciones.
El efecto directo de esta omisión, según el informe, es un menoscabo en los niveles de transparencia institucional. Al no conocerse públicamente qué se estaba arrendando, se restringió la posible concurrencia de interesados, lo que pudo afectar la competencia y el logro de las mejores ofertas para la institución.
La Contraloría emitió una recomendación formal para adoptar las acciones correctivas que correspondan dentro de sus competencias, lo que incluye la posibilidad de deslindar responsabilidades por este hecho irregular. La institución tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar un plan de acción ante el Órgano de Control Institucional.
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