La venta de entradas a Machu Picchu, el principal atractivo turístico del Cusco, ha sido objeto de una polémica decisión por parte del Ministerio de Cultura. Según denunció el gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía GERCETUR Cusco, Saul Caipani Altamirano, el sector entregó esta tarea a una empresa privada sin informar al pueblo cusqueño.
La empresa en cuestión es Joinnus, que pertenece al grupo Credicorp. Tras haber obtenido la buena pro para vender los boletos a Machu Picchu, podría obtener ganancias de entre 7 y 10 millones de soles al año. Esta situación ha generado el rechazo del sector turístico regional, que anunció que tomará acciones legales contra esta medida, ya que la venta de entradas dejaría de ser presencial y ello perjudicaría a los comerciantes locales.
Caipani Altamirano acusó a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, de ocultar información y de negociar con la empresa privada mientras convocaba a reuniones de trabajo en Lima, Cusco y Machupicchu para tratar el tema. “No se debe permitir esta tercerización, que es una afrenta al Cusco. Rechazamos frontalmente esta actitud de la ministra”, afirmó, y convocó a una reunión multisectorial de autoridades para emitir un pronunciamiento.
La ministra de Cultura ordenó la tercerización por 36 mil soles
El gerente regional de Comercio Exterior Turismo y Artesanía afirmó que la ministra de Cultura ordenó la tercerización de la venta de entradas a Machupicchu mediante una orden de servicio por un valor de 36 mil soles a favor de la empresa Joinnus. Además, se hizo una adenda que establece el cobro del 3.3% en cada uno de los boletos personales, lo que aumenta las ganancias de la empresa.
“Estamos preparando los documentos para emitir el rechazo total a esta actitud de la ministra, que no sinceró su accionar. Aquí no se debe favorecer a una empresa privada. Llamo al pueblo del Cusco a cerrar filas y no permitir este propósito”, declaró Caipani Altamirano.
Finalmente, señaló que el Cusco no permitirá que desde Lima se tomen decisiones que afecten a su patrimonio cultural. “La ministra en ningún momento ha comunicado que tenía ya negociaciones con una empresa privada”, sentenció.
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