En un informe reciente, la Contraloría General de la República (CGR) ha identificado presunta responsabilidad penal y administrativa en seis funcionarios de la Gestión 2020-2022 de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), al mando del exalcalde José Ruíz, en relación con la adquisición de 59 vehículos destinados a seguridad ciudadana.
Según el informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 055-2023-2-0424-AC, se encontró que el exsubgerente de Obras y Supervisión remitió pedidos de compra al exgerente de Obras Públicas con especificaciones técnicas divergentes de las aprobadas en el expediente técnico. Estas modificaciones excluyeron a dos empresas concesionarias que comercializan ciertas marcas de vehículos.
Irregularidades
El Comité de Selección, por su parte, dio conformidad a bases de licitación que diferían de la directiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), lo que resultó en la declaración desierta de la licitación pública el 25 de julio de 2022. Posteriormente, se llevó a cabo una segunda convocatoria mediante adjudicación simplificada, donde se introdujeron requisitos adicionales para el equipamiento de los vehículos.
El informe destaca que el exsubgerente de Obras y Supervisión nuevamente modificó las especificaciones técnicas en este segundo procedimiento, limitando la participación de proveedores de otras marcas. Se identificó que solo una marca cumplía con todas las modificaciones, y la empresa concesionaria de esta marca obtuvo la buena pro, a pesar de no cumplir con los requisitos de calificación.
Equipamiento de los vehículos
Además, se señala que la oferta para el equipamiento de los vehículos tampoco debió ser admitida, ya que incurrió en omisión de información que no era subsanable. Respecto a la conformidad de los vehículos, se otorgó contraviniendo las normativas, ya que parte de las especificaciones técnicas las aceptaron solo con declaración jurada del proveedor.
El informe también revela que el último pago a la empresa concesionaria se realizó el 23 de diciembre de 2022, y las tarjetas de propiedad y placas de rodaje debieron entregarse el 22 de enero de 2023, no el 13 de febrero como ocurrió, y solo para 46 vehículos. Las 13 unidades restantes estuvieron paralizadas por falta de documentos hasta abril.
Acciones penales
Ante estas irregularidades, durante la gestión de José Ruíz, la Contraloría ha comunicado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y al órgano instructor de la CGR para el inicio de acciones penales y procesamiento de los presuntos responsables.
Las personas involucradas incluyen a los exgerentes de Obras Públicas y Seguridad Ciudadana, exsubgerentes de Abastecimiento, Seguridad Ciudadana, y Obras y Supervisión, así como a los miembros del Comité de Selección.
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