Trujillo: condenan a 30 años de cárcel a mujer que secuestró a una recién nacida del Hospital Belén

También se le impuso a la acusada el pago de S/ 10.000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada

Redacción Investiga 17/06/2026

La justicia impuso una de las sanciones más severas por delitos contra menores en La Libertad. El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Unidad de Flagrancia condenó a 30 años de prisión efectiva a Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis por el secuestro agravado de una bebé de apenas un día de nacida, extraída ilegalmente del Hospital Belén de Trujillo. La sentencia, emitida el 12 de junio de 2026, constituye un precedente en la lucha contra los delitos que vulneran la libertad e integridad de niños en situación de extrema vulnerabilidad.

De acuerdo con la investigación fiscal, la sentenciada retiró a la menor de iniciales L.L.M.R. mediante engaños y sin autorización alguna, separándola de su madre, Liliana Esther Rafael Quispe, pocas horas después del nacimiento. La acusada trasladó a la recién nacida hasta su vivienda, donde permaneció retenida hasta ser ubicada y rescatada por efectivos policiales. Posteriormente, la bebé fue devuelta al establecimiento de salud para continuar con la atención médica correspondiente.

Severo castigo

La rápida intervención del Ministerio Público fue determinante para el esclarecimiento del caso. Apenas conocidos los hechos, el fiscal provincial Juan Alexander Huamán Rojas solicitó prisión preventiva contra la imputada el 30 de agosto de 2025, medida que fue aprobada por nueve meses. Durante ese periodo, la Fiscalía desarrolló una intensa labor investigativa, reunió pruebas contundentes y presentó la acusación formal el 4 de diciembre de 2025, sustentando la responsabilidad penal de la procesada.

Como resultado de la estrategia fiscal y la labor desarrollada durante el juicio oral, el Poder Judicial dictó una condena ejemplar: 30 años de prisión efectiva y el pago de S/ 10.000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. Con esta sentencia, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la protección de la niñez y envía un mensaje contundente: los delitos cometidos contra menores de edad recibirán una respuesta firme y ejemplar por parte del sistema de justicia.