El Consejo Regional de Puno aprobó por unanimidad declarar en emergencia los distritos de Juliaca y San Miguel ante el alarmante aumento de asesinatos extorsiones y robos que azotan a sus habitantes. La consejera María Elena Mamani Apaza impulsó la medida tras negar una sesión descentralizada en San Román para abordar la seguridad ciudadana. “Juliaca no puede seguir perdiendo vidas” declaró Mamani al exigir una respuesta firme del Estado.
La decisión busca frenar la violencia que amenaza la tranquilidad de miles de familias y reactivar la economía local paralizada por el miedo. La declaratoria permitirá desplegar más efectivos policiales operativos de inteligencia y patrullajes conjuntos en zonas críticas. Autoridades regionales y locales deberán articular acciones urgentes con el Ministerio del Interior para recuperar el orden público y desarticular bandas criminales dedicadas al sicariato y narcotráfico.
Mamani destacó que la población respalda la medida pues “necesitamos orden seguridad y justicia ya”. La emergencia también incluye la reubicación progresiva del penal La Capilla y la reorganización del tránsito urbano. El Gobierno Regional exhortó a la Policía Nacional a priorizar la protección de mercados terminales terrestres y sectores con alta incidencia delictiva identificados en informes oficiales.
Datos oficiales revelan que Juliaca y San Miguel registran los índices más altos de criminalidad en Puno durante 2025. Solo en los últimos seis meses se reportaron 47 asesinatos 123 extorsiones y 289 robos agravados. La declaratoria se ampara en la Ley 27933 que obliga a los gobiernos regionales a garantizar la seguridad ciudadana mediante planes integrales y coordinados con el Comité Regional de Seguridad Ciudadana.
El acuerdo regional dispone que la Gerencia de Desarrollo Social monitoree los avances y elabore un Plan de Acción con medidas de prevención y apoyo logístico. Además se solicita al Poder Ejecutivo intervenir de manera extraordinaria para restablecer la paz social. “Esta acción es por cada juliaqueño y sanmigueleño que exige vivir sin temor” señaló el documento oficial publicado en el portal del Gobierno Regional.
La población celebra la medida pero exige resultados inmediatos. “Ya no queremos promesas queremos ver policías en las calles” comentó un comerciante de Juliaca. La emergencia entrará en vigencia al día siguiente de su publicación y tendrá una duración inicial de 60 días prorrogables. Las fuerzas del orden deberán rendir informes semanales sobre los operativos realizados y las bandas desarticuladas.
La crisis de seguridad en Puno refleja un patrón nacional donde el crimen organizado avanza ante la debilidad institucional. Expertos advierten que sin una estrategia integral que incluya inteligencia preventiva y participación ciudadana la violencia podría extenderse a otras provincias. El Consejo Regional anunció que evaluará ampliar la emergencia a otros distritos si la situación no mejora en los próximos meses.
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