La tensión entre el gremio de transporte y la Municipalidad Provincial de Arequipa ha escalado nuevamente tras el anuncio de una posible paralización masiva. Víctor Mendoza, presidente del Frente de Defensa de Transportistas de la Región Arequipa, alzó la voz contra la propuesta impulsada por la subgerencia de Transporte Interurbano y Especial que busca endurecer drásticamente las penas contra el servicio no regulado. Según el dirigente, el proyecto de ordenanza plantea elevar la multa por la infracción R85 a 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), sumando un monto superior a los 10 mil soles, además de imponer una retención del vehículo por seis meses en el depósito municipal.
Mendoza calificó esta iniciativa como un abuso de autoridad y una medida inconstitucional que atenta contra el derecho al trabajo de miles de ciudadanos. Durante su declaración, el representante enfatizó que el Tribunal Constitucional ya ha fallado previamente a favor de transportistas en otras ciudades como Lima y Trujillo ante excesos similares, argumentando que las sanciones deben ser razonables y no confiscatorias. El dirigente rechazó tajantemente que se etiquete a los conductores informales como delincuentes, señalando que su labor surge de una necesidad real ante la ineficiencia del Sistema Integrado de Transportes (SIT), el cual no logra cubrir la demanda en zonas periféricas como Cono Norte, Cayma, Mariano Melgar y Paucarpata.
El gremio sostiene que las llamadas «loncheritas» son las únicas que garantizan la movilidad en sectores desatendidos por las rutas concesionadas. Mendoza criticó la gestión actual por priorizar la persecución mediante fiscalización en lugar de solucionar los problemas estructurales del sistema, como la falta de unidades en las rutas formales. Además, denunció que existen cerca de 79 empresas, que agrupan a unos 10 mil transportistas, esperando una oportunidad de formalización que la municipalidad les niega sistemáticamente bajo el argumento de la saturación de vías, un estudio técnico que, según Mendoza, brilla por su ausencia o está desactualizado.
La amenaza de una movilización radical
Ante este escenario, la postura del gremio es clara y contundente: si el Concejo Municipal aprueba el proyecto, los transportistas volcarán sus unidades a las calles en una jornada de lucha. Mendoza aseguró que convocarán a todas las bases para realizar una marcha multitudinaria y denunciar penalmente a los funcionarios involucrados por abuso de autoridad y omisión de funciones. El dirigente subrayó que no permitirán que la administración municipal busque «desaparecerlos» mediante multas impagables, cuando la realidad social demuestra que el servicio que prestan es indispensable para la población arequipeña.
Otro punto álgido en el reclamo es la supuesta optimización de rutas que promueve el municipio. Mendoza tildó de «burla» y «falsedad» el plan regulador actual, indicando que asignan cantidades ridículas de vehículos, como uno o dos carros por ruta, lo cual resulta insuficiente para la demanda existente. El representante de los transportistas exigió que se revisen los contratos de concesión del SIT y se transparente la situación real del transporte urbano, advirtiendo que la informalidad no es la causa del caos, sino una consecuencia directa de la falta de planificación y de un sistema de transporte colapsado que ha obligado a la ciudadanía a buscar alternativas para movilizarse.
Finalmente, el presidente del frente de defensa hizo un llamado a la reflexión a las autoridades ediles. Recordó que llevan más de dos años participando en mesas de trabajo que calificó de improductivas y llenas de mentiras, por lo que ahora exigirán, mediante la vía legal y la protesta social, la nulidad de los procesos sancionadores y una verdadera reforma que incluya a los miles de trabajadores del volante que hoy operan al margen de la ley por necesidad.
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