Seguridad Ciudadana: gobierno destinará 800 millones de dólares para construir nuevas prisiones

El Gobierno peruano ha anunciado una inversión masiva de 3.000 millones de soles, equivalentes a aproximadamente 806 millones de dólares, para la ampliación y mejora de su infraestructura penitenciaria nacional como parte de las acciones para la seguridad ciudadana.

La iniciativa, revelada por el primer ministro Gustavo Adrianzén tras la III Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, contempla tanto la construcción de nuevos centros penitenciarios como la reactivación de obras actualmente paralizadas en todo el país.

Además, durante la reunión del consejo se estableció que el Ministerio del Interior trabajará en estrecha colaboración con el Ministerio de Economía para gestionar el financiamiento necesario para la infraestructura y equipamiento policial.

Un aspecto destacado del plan para la Seguridad Ciudadana incluye la vigilancia de remesas internacionales, ya que las autoridades sospechan que una cantidad significativa de estos envíos de dinero al exterior podría provenir de actividades ilícitas.

Esta medida se suma al reciente anuncio del Gobierno sobre el traslado de delincuentes específicos a la prisión de máxima seguridad Challapalca I, ubicada a más de 4.600 metros de altura en una zona remota de los Andes.

La decisión afectará principalmente a aquellos arrestados por delitos graves como extorsión, sicariato, secuestro y posesión ilegal de armas de fuego, informó el ministro de Defensa, Walter Astudillo.

Al respecto, la prisión Challapalca I será ampliada de inmediato para recibir a estos nuevos internos, tanto sentenciados como procesados por los delitos mencionados.

La medida también contempla la reclasificación inmediata de los reclusos actuales que estén vinculados a la comisión de estos delitos, quienes serán trasladados a este centro penitenciario de alta seguridad.

Estas acciones gubernamentales surgieron como respuesta directa a las advertencias del paro transportistas quiene son víctimas de extorsión, lo que llevó a la declaración de emergencia en 13 distritos de Lima y uno de Callao.

El plan integral busca fortalecer la seguridad ciudadana mediante la modernización y expansión del sistema penitenciario y contribuir significativamente a la reducción de la sobrepoblación penitenciaria en el país.

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