Reconstrucción de comisarías: 33 millones, siete años de retrasos, arbitrajes, y obras descartadas

19 de octubre de 2020

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Seis años y nueve meses desde que se inició el trámite para la reconstrucción de 15 dependencias policiales en la provincia de Trujillo han dejado más de S/ 33 millones en inversión, obras aun en ejecución, cinco comisarías descartadas, prórrogas a contratistas, cuantiosas sumas de dinero entregadas en arbitrajes, y varias conciliaciones.

El 14 de enero de 2014 se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y el Ministerio del Interior (Mininter) con intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que “realicen acciones conjuntas en materia de Seguridad Ciudadana”, a través de la ejecución de proyectos de mejoramiento de servicios policiales de 13 comisarías y del complejo policial Alcides Vigo Hurtado. Posteriormente, se incorporó la comisaría PNP de La Familia. Todos los proyectos fueron presupuestados por un monto de S/ 44 365 815, cifra que se vio reducida a S/ 33 238 581 luego que cinco (un tercio) de las comisarías previstas para reconstruir quedaran descartadas.

El compromiso de la MPT, conducida en ese entonces por el alcalde César Acuña Peralta, y que permanece vigente por convenio, consistió en formular los estudios definitivos en la fase de inversión pública, en coordinación con la PNP y el Mininter, asumir el rol de unidad ejecutora de los proyectos, recepcionar y dar conformidad a las obras; por su parte, el Mininter financiaba y brindaba asistencia técnica en cuanto a los proyectos. Y la Policía brindaba asistencia técnica a la municipalidad trujillana para la formulación de los estudios definitivos de los proyectos.

Pasado ese largo tiempo no se pudo conocer hasta ahora cuál es la situación final que presentan estas comisarías, qué motivó los diversos retrasos de obras, cuánto se invirtió, y por qué no todas alcanzaron a ver concluida su reconstrucción.

El presente informe revisa en detalle el caso de cada una de las 15 dependencias policiales.

Arbitrajes y transacciones
Complejo policial Alcides Vigo Hurtado

El 1 de julio del 2014 la MPT firmó contrato con la empresa contratista constructora Senco, por un monto ascendente a S/ 3 961 486.84 soles, incluido IGV, para el mejoramiento del complejo policial CAP Alcides Vigo Hurtado, ubicado en la urbanización San Andrés.

A través de la resolución de gerencia de obras públicas Nº 043-2014-MPT/GOP, de fecha 9 de abril del 2014, se aprobó el expediente de contratación, el cual contemplaba que el plazo para la elaboración del expediente técnico era de 30 días calendario, y la ejecución de obra y equipamiento de 120 días calendario. La modalidad de contrato era llave en mano–es cuando el contratista elabora el expediente técnico, ejecuta la obra y realiza el equipamiento correspondiente–.

La obra inició el 17 de diciembre del 2014, en el último mes de gestión de César Acuña Peralta, la cual debió haber culminado satisfactoriamente en abril del 2015, en la gestión de Elidio Espinoza. Sin embargo, el 17 de noviembre de 2015 la MPT resolvió el contrato, mediante resolución de gerencia municipal N°1223-2015-MPT/GM por, según arguyó, haber superado la penalidad máxima de 10% por incumplimiento del contratista.

Frente a una controversia por el proyecto, el consorcio conformado por las empresas COAM Contratistas, SENCON Servicios, Negocios y Construcción y Álvaro Gustavo Amaya Álvarez presentó el 19 de octubre de 2015 la solicitud de arbitraje a la Procuraduría Pública de la MPT. Luego se designaron a los árbitros procesales.

La contratista solicitó que el tribunal declare nula y sin efecto la resolución de contrato de la MPT, que indicaba que la contratista no había levantado las observaciones del Comité de Recepción de Obra. Pero el consorcio dijo que él había resuelto primero el contrato el 18 de setiembre del 2015 porque la MPT incumplió el pago de valorizaciones.

El consorcio también pidió que el tribunal arbitral ordene a la MPT el pago de dos valorizaciones (S/ 714 479.14 más intereses legales), que la MPT pague el total de los gastos arbitrales, exigidas por cartas notariales, y que apruebe la ampliación de plazo N° 1 y, por consecuencia, el municipio cancele los mayores gastos más intereses.

En su defensa, la MPT argumentó que el consorcio pretendió que el tribunal declare como válido el monto de S/ 4 487 122.11 para efectos del contrato cuando este importe fue aprobado mediante resolución de Gerencia de Obras Públicas N.° 091-2014-MPT/GOP cuando esta área no tenía la facultad ni la autorización para hacer ello.  

Y el consorcio alega –y fue verificado por este medio– que a través del Decreto de Alcaldía N° 009-2014-MPT, la entonces alcaldesa Gloria Montenegro Figueroa delega la facultad al gerente de obras públicas para aprobar expedientes técnicos derivados de concursos públicos, licitaciones públicas, entre otras modalidades.

Finalmente, el 16 de noviembre del 2016 el tribunal arbitral emitió su laudo. Por mayoría declaró fundadas –dos en parte– las cinco pretensiones de la contratista. En ese sentido, la MPT, representado por el exprocurador municipal Martín Salcedo Salazar, recién el 11 de octubre de 2019, durante la gestión del alcalde suspendido Daniel Marcelo Jacinto, celebró una transacción extrajudicial con el consorcio SENCO para cumplir el laudo.

Así, el municipio aceptó pagar S/ 714 479.14 a favor de SENCO como concepto de las valorizaciones. Además, la MPT se comprometió a cubrir el 75 % de los honorarios de los árbitros y de la secretaría arbitral. SENCO, en reciprocidad, renunció a los intereses legales generados por la obligación edil.

El 15 de setiembre de 2020, el alcalde provisional José Ruiz Vega, a través de la resolución de Alcaldía N° 776-2020, conformó el Comité de Recepción de la obra de ‘Alcides Vigo Hurtado’. Pues la obra ya está culminada y en uso por los agentes policiales. Después la MPT tiene que proceder con la liquidación de la obra, con el cual el contrato se declara finalizado legalmente.

Comisaría de El Porvenir

El proyecto licitado después fue el mejoramiento de las comisarías PNP Sánchez Carrión y Nicolás Alcázar del distrito El Porvenir. El 3 de julio de 2014 la MPT firmó el contrato a suma Alzada, bajo la modalidad de contratación llave en mano, con la empresa contratista Constructora Quimera S.A.C. por un monto ascendente a S /3 836 857.31soles.

Posteriormente, el 17 de noviembre del 2015 la MPT resolvió el contrato, mediante resolución de gerencia municipal N.º 1222-2015-MPT/GM, por incumplimiento del contratista. La justificación de la MPT fue la siguiente: el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras manifestaron que la Constructora Quimera SAC, al transcurrir 31 días calendarios posteriores a la fecha de la culminación de la obra (cuya fecha de culminación era el 1 de julio del 2015) alcanzó la penalidad máxima por un monto de S/ 365 861.02 soles (computados desde el 2 de julio de 2015 hasta el 1 de agosto de 2015).

Pues el contratista, sin causa justificada -detalla la resolución edil-, en el mes de julio redujo el ritmo normal de los trabajos, a pesar de que al 1 de julio del 2015 el plazo de ejecución había terminado, según el análisis de las ampliaciones de plazo realizadas; ocasionando así un retraso injustificado en la terminación de los trabajos en la obra. Por ello, se informa a la entidad para que evalué si corresponde la resolución del contrato.

Frente a estas controversias ambas instituciones acudieron a un arbitraje. Años después, el 15 de agosto de 2019, durante la gestión del suspendido alcalde Daniel Marcelo Jacinto, la MPT y la Constructora Quimera S.A.C firmaron el acta de conciliación Nº 148-2019-CON-CCAE-CCLL, la cual señala que el municipio acataba cada decisión ordenada del Laudo Arbitral de Derecho emitido el 7 de marzo de 2018 que deriva del proyecto referido, que comprende el pago de S/ 2 268 260.40 soles, suma que incluye los intereses legales.

Esta suma a favor de la empresa comprendía el pago del 50 % de utilidad dejada de percibir (S/ 4 149.45), reconocimiento y pago de los reajustes del contrato (S/ 55 773.86), reconocimiento de mayores gastos generales (S/ 325 070.47) y reconocimiento y pago de las partidas ejecutadas y no valorizadas (S/ 152 954.71).

Además, incluyó la devolución, por parte de la MPT a favor de la empresa, de S/ 1 223 931.01 por la ejecución de las cartas fianzas de fiel cumplimiento, adelanto directo y de materiales, más los intereses generados por el monto de S/ 253 642.18; así como la suma de S/ 4 387.82 como reconocimiento y pago de intereses legales por la demora de la MPT en el pago de la elaboración del expediente técnico. Y, por último, la cobertura de los gastos arbitrales por la tramitación del laudo por la suma de S/ 56 928.

También la MPT se comprometió a otorgar en cinco días hábiles la certificación del crédito presupuestario y compromiso anual por la suma de S/ 1 044 329.39 “que garantizará el pago del saldo del monto total ordenado en el Laudo Arbitral a favor de la empresa Constructora Quimera S.A.C. el que será desembolsado de manera mensual por el mismo monto valorizado por la ejecución de obra, equipamiento y mobiliario, según corresponda, monto que será abonado hasta el decimoquinto día del mes siguiente de la valorización, y el saldo una vez aprobada la liquidación del contrato”.

Luego de esos dos compromisos, la Constructora Quimera S.A.C aceptó culminar el saldo de obra en la modalidad de donación. Asimismo, accedió a amortizar en su totalidad el saldo pendiente de S/ 760 214.83 con la ejecución del componente de mobiliario y equipamiento, que se encuentra presupuestado en el expediente técnico por la suma de S/ 814.382.31. Previamente, la MPT aprobaría las nuevas especificaciones técnicas, metrados y presupuesto de ello.

El 7 de enero de 2020, el suspendido alcalde Daniel Marcelo Jacinto emitió la resolución de Alcaldía N.º 146-2020-MPT, con la cual autorizaba al entonces procurador municipal Martín Salcedo Salazar para intervenir en la audiencia de conciliación programada en relación a la determinación de cantidades de equipamiento y mobiliario.

Según el portal de Transparencia de la MPT, se ha ejecutado S/ 4 997 361 de los S/ 5 379 769 asignados para la ejecución de esta obra. La plataforma Invierte.pe señala que hasta ahora él avance financiero es de 89.5 % y el monto se actualizó a S/ 5 581 295.47. Para este año se tiene presupuestado S/ 868 935 en este proyecto, pero hasta ahora no se ha devengado un sol.

Ambas comisarías fueron inauguradas el 31 de enero de 2019. En el caso de la comisaría de Sánchez Carrión, ubicada en la calle del mismo nombre, la obra incluyó un nuevo local, 18 computadoras Core 15 equipadas, un servidor, 8 impresoras multifuncionales, una copiadora, proyecto multimedia, Ecran, 10 TV Led de 32 pulgadas, una central telefónica, 18 teléfonos fijos, 8 radios portátiles y un sistema CCTV. Además de dos camionetas, cuatro motocicletas, seis camas y 25 camarotes de plaza y media, 56 colchones, frazadas, sábanas y colchas, 18 roperos, 18 muebles de cómputo, 12 mesas, 13 sillas de metal y 60 sillas de madera. La inversión en este local fue de S/ 2 372 828.65.

En la comisaría Nicolás Alcázar, además de su nuevo local, se entregó mobiliario, equipos tecnológicos, enseres, pero en menor cantidad, una camioneta y dos motocicletas. Todo con una inversión de S/ 1 777 216.80.

CONSTRUIDA + ARBITRAJE
Salaverry

Posteriormente, la MPT firmó contrato a suma alzada, bajo la modalidad de contratación Llave en Mano, con el consorcio Ingeniería el 30 de octubre del 2014, por un monto ascendente a S/ 1 812 930.86 soles, lo que comprendía la elaboración de expediente técnico a nivel definitivo, ejecución de obra y equipamiento.

Dos años después, el 26 de setiembre de 2016 la contratista, mediante carta N.º 50-2016/INGENIERIA, decide resolver totalmente el contrato de ejecución de obra.

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°003-2017-MPT, el 4 de enero de 2017 se aprueba la actualización de precios del Expediente Técnico.

Y luego se firmó el contrato a suma alzada, de ejecución de obra, con la Constructora Quimera SAC, postor que quedó en segundo lugar, el 1 de marzo del 2017, por un monto ascendente a S/ 2 007 903.63 soles. Este comprendía solo la ejecución de la obra y el equipamiento.

De esta manera, la ejecución de la obra empezó el 3 de mayo, luego de haberse entregado el terreno. Se tenía programado su término para el 30 de agosto, pero culminó el 11 de diciembre de 2017, luego de ampliaciones.

Acto seguido, se realizó la recepción de la obra el 8 de marzo de 2018 y la liquidación de ella se realizó verdaderamente el 11 de noviembre de 2019, luego de que erraran dos veces en la colocación del monto en la parte resolutiva de la resolución de gerencia municipal. Según la resolución N° 567-2019-MPT/GM, firmada por el exgerente municipal Edilberto Navarro Varas, indica que el monto de la inversión final fue S/ 1.959.022.32 soles.

Esta remodelada comisaría de tres pisos fue inaugurada el 20 de abril del 2018. Se entregó adicionalmente dos camionetas Pick Up 4X4, 3 motocicletas, 1 puesto de respuesta inmediata y un accesorio de remolque.

Así también, la comuna provincial entregó escritorios, sillas, estantes, así como equipos tecnológicos como son computadoras y aparatos para las distintas diligencias policiales como binoculares, alcoholímetros, equipos para toma de huellas digitales, herramientas de rescate, y demás.

La Gerencia de Obras Públicas de la MPT informó el último viernes a Investiga, tras solicitud de Acceso a la Información Pública, que está en curso un proceso arbitral con el consultor que elaboró el expediente técnico.

CULMINADA Y EN CONSTRUCCIÓN
Comisarías El Alambre y La Noria

El proceso para la construcción de las comisarías El Alambre y La Noria inicia con la licitación Pública N°001-2014-CE/MPT: modalidad de contratación Llave en Mano a Suma Alzada: Expediente Técnico, Infraestructura y Equipamiento. Luego de esto, se firmó contrato a suma Alzada (modalidad llave en Mano), con la empresa contratista Constructora Quimera SAC, de fecha 28 de octubre del 2014, por un monto ascendente a S/4 151 649.18 soles.

Dos años después, se resolvió el contrato, mediante Resolución de Gerencia Municipal N°324-2016-MPT/GM, el 29 de febrero del 2016, por incumplimiento del contratista. Por lo que después, se firmó contrato para la elaboración del Expediente Técnico, con el arquitecto Ángel Martin Miranda Figueroa, el 14 de diciembre del 2016, por un monto ascendente a S/ 264 309.68 soles

Mediante oficio N°199-2017-REGPOL.LL./OFAD–OFIBAPIT-INFRA, de fecha 3 de mayo de 2017, la región policial OFAD, aprueba la propuesta arquitectónica.

En 2018 durante la gestión de Elidio Espinoza Quispe se convoca a un nuevo proceso de licitación para el mejoramiento de estas dos comisarías de la ciudad. En mayo el comité de selección declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro y regresó a la etapa inicial de presentación de expedientes luego de que la empresa concursante G&G Contratistas Generales SRL solicitara la nulidad. Según el diario Correo la empresa alegó que el Consorcio La Libertad había presentado documentación presuntamente falsa e inexacta.

En la nueva realización de la licitación pública N.° 02-2018-MPT, la municipalidad firmó el contrato finalmente con el Consorcio La Libertad, integrado por JL Contratistas Generales SRL, Brer Minería y Construcción SAC e Inka Tech Contratistas, por el monto de S/ 3 423 179.31 soles.

Dieciséis meses después, el 14 de setiembre del 2019, la comisaría El Alambre fue inaugurada por el suspendido alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto. Se invirtió un promedio de 2 millones de soles para construir 861.833 m2, así como para remodelar estructuras de concreto y veredas, instalaciones sanitarias, electromecánicas y equipamiento completo como, computadoras, impresoras, escritorios, camas, entre otros mobiliarios. Además, de la adquisición de una camioneta 4×4 y dos motocicletas que permitirá mejorar el patrullaje en la zona.

La reconstrucción de la comisaría La Noria no culmina

Desde el inicio de esta obra hubo problemas porque no se había previsto el espacio provisional para que los agentes desarrollen sus actividades. El 19 de setiembre de 2019, a través de resolución de gerencia municipal N.° 450-2019-MPT/GM, se aprueba el expediente técnico para el acondicionamiento del local del Centro Recreacional La Rinconada, con un presupuesto de S/ 119 679.02 soles.

Por ese procedimiento previo la obra inició oficialmente empezó a inicios de febrero del 2020 y se paralizó en marzo a causa de la pandemia por la COVID-19. Una vez autorizada la ejecución de obras, se reanudó este proyecto.

La MPT informó en una nota de prensa del pasado 6 de octubre que la obra se encuentra en un 25% de ejecución física. En ese sentido, se estima que los trabajos deberán culminar en marzo del 2021, infraestructura que permitirá que la Policía Nacional del Perú pueda mejorar su servicio a favor de más de 101 mil pobladores de dicha urbanización y alrededores. 

“La infraestructura anterior ya tenía 20 años de antigüedad y se representaba un alto riesgo para los efectivos policiales, situación por la cual era urgente el cambio. Pese a las barreras iniciales, incluyendo los efectos de la pandemia, los trabajos ya se han retomado y esperamos que sea hasta el final”, indicó el alcalde provincial José Ruiz Vega.

De acuerdo a la información técnica de la obra, la comisaría de La Noria tiene un costo total de S/ 3 423 179 y comprende la construcción de un edificio de 3 pisos con 48 ambientes para áreas administrativas, sala de espera, sala de reuniones, área de prevención e información al público, dormitorios, servicios higiénicos, oficina de Inteligencia, estacionamiento de vehículos, armería y calabozos para hombres y mujeres (o áreas de meditación).

Los trabajos constan de dos etapas: ejecución de la infraestructura y el equipamiento respectivo. La ejecución presupuestal del proyecto alcanza, hasta el momento, un 16%, tal como se puede verificar en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas.

LAS RECONSTRUIDAS
Comisaría de Simbal

El primer proyecto licitado fue el mejoramiento de la comisaria PNP Simbal en el distrito del mismo nombre, local con más de 50 años de antigüedad, el techo de sus ambientes era de calaminas, y sus paredes de adobe presentaban algunas rajaduras que eran de la preocupación de los custodios.

Contaba con código SNIP N°261242. Se firmó el contrato a suma alzada, bajo la modalidad de contratación llave en mano, con la empresa contratista Consorcio Sánchez Carrión II, de fecha 16 de abril de 2014, por un monto ascendente a S/ 1 270 725.50.

La Municipalidad Provincial de Trujillo entregó el terreno el 21 de octubre de 2014 y la obra empezó al día siguiente. En un principio, el término de la obra estaba programado para el 18 de febrero del 2015, pero al final culminó el 19 de mayo de 2015 (con 90 días de prórroga), durante el primer año de gestión del exalcalde Elidio Espinoza Quispe.

Mediante resolución de gerencia municipal N°868-2015-MPT, de fecha 31 de agosto de 2015, el exgerente general Ismael Iglesias León aprueba la liquidación de la Obra, el cual tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad.

Al mismo tiempo que aprobó un saldo a favor del contratista de S/ 17 947.54 por conceptos de adicionales, deductivos y reintegros. Por lo que la obra al final costó S/ 1 287 800.72.

La comisaría fue inaugurada por la Municipalidad de Trujillo el 29 de mayo de 2015. La comuna la implementó además con dos camionetas, dos motocicletas, un puesto de auxilio rápido, siete computadoras, así como dos kits portátiles para la toma de huellas digitales, todo esto con el fin de mejorar la labor policial en la zona.

Comisarías de Huanchaco y El Milagro

El 1 de octubre de 2015 la MPT firmó el contrato a suma alzada, bajo la modalidad de contratación llave en mano, con la empresa contratista Consorcio Huanchaco, integrados por Inversiones San Cristóbal SAC, Ingeniería Exacta SAC. e Iván Gonzalo Uribe Hoyos, por un monto ascendente a S/ 4 049 553 soles por el plazo de 150 días. El objetivo fue el mejoramiento de las comisarías de Huanchaco y El Milagro (Huanchaco).

El 19 de noviembre de 2015 la MPT aprobó el expediente técnico de la obra. Luego, el 7 de diciembre se hizo entrega del terreno donde se ejecutó la obra. Ocho meses después, el 11 de agosto de 2016, la MPT declara procedente la solicitud de ampliación de plazo N° 01 del contrato de ejecución de obra por 18 días calendarios, sin reconocimiento de gastos generales, con lo cual la nueva fecha de término era el 12 de agosto de 2016.

Esta ampliación de plazo se sustentó en la demora en la construcción de las veredas externas y jardinería porque había vehículos incautados por la policía y unas obras metálicas que aún no habían sido retiradas de la comisaría El Milagro.

El 29 de agosto del mismo año, la municipalidad declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 01 del contrato solicitada por nueve días por la misma causal de la primera prórroga. Según la resolución de Alcaldía N.° 969-2016-MPT, el consorcio Leomeda, supervisor de la obra, emitió una opinión en contra de esta ampliación porque la PNP realizó el retiro de las unidades vehiculares paulatinamente desde el 21 de julio, por lo cual el contratista ha comenzado a tener frentes de trabajo.

La recepción de la obra se produjo el 12 de octubre de 2016. Semanas después, mediante la carta N° 044-2016, el Consorcio Huanchaco remitió la liquidación de la obra para su revisión y trámite respectivo, el cual se derivó al supervisor de la obra y este último presenta la liquidación de la obra e informa que existe un saldo a favor de la MPT por el monto de S/ 153 289.72 soles.

Pero la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras observa esa liquidación de obra, debido a que la documentación solicitada para el trámite de liquidación de obra la presentó de manera incompleta, por lo que recomendó comunicar al contratista para el levantamiento de observaciones. Del mismo modo informa que el costo final de la obra fue de S/ 4 081 239.2 y un saldo a favor de la MPT por el monto de S/ 143 587.27, asimismo un pago a la supervisión de S/ 9 076.72 soles.

La MPT exhortó al consorcio que levante las observaciones, pero luego, a través de carta N° 02-2017-CH, de fecha 12 de enero de 2017, “solicita se declare consentida y aprobada la liquidación de obra con las observaciones formuladas para su representada mediante Carta N° 047-2016-CH, de fecha 21 de diciembre de 2016; sin embargo, mediante informe N° 03-2017-MPT/GOP-SGSLO-YPFA, la abogada de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras informa que ha operado el consentimiento de liquidación de obra a favor de la entidad, dado que el contratista no ha cumplido con levantar las observaciones formuladas”, detalla la resolución de gerencia municipal N.° 344-2018-MPT.

El 26 de marzo de 2018 la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante informe legal, recomendó a la Gerencia de Obras Públicas redactar la resolución de gerencia municipal, que da por consentida la liquidación de obra al haber transcurrido plazo legal para que el contratista emita pronunciamiento.

Al final, se dio por consentida la liquidación de técnico-financiera del contrato de obra por el monto de S/ 4 075 323.04. además, se aprobó el saldo de liquidación a favor de la MPT por la suma de S/ 158 980.28, incluido IGV. El monto total fue depositado por la contratista en la cuenta corriente del municipio.

El monto de S/ 9 076.06, incluido en el saldo a favor de la entidad, correspondió al pago al supervisor por concepto de supervisión de los días de atraso en la culminación de obra.

Comisaría La Familia

El 6 de octubre del 2015 la MPT firmó el contrato a suma Alzada, bajo la modalidad de contratación Llave en Mano, con la empresa contratista Consorcio Huarcaya, integrado por las empresas H y HE Contratistas Generales SAC. y Feliciano Huayhua Espinoza, por un monto ascendente a S/4 231 160.04 soles para la ejecución del mejoramiento de la comisaría PNP La Familia.

El 26 de agosto de 2016 el municipio hace entrega del terreno, y los trabajos se iniciaron el 13 de setiembre del mismo año y tenían un plazo de 150 días.

El 13 de enero de 2017, mediante carta N° 01-2017/CLMD-RL, la empresa supervisora informa que los trabajos en la comisaría están concluidos al 100 %, por lo que solicita la conformación del comité de recepción. Posteriormente, el 30 del mismo mes se designa a dicho comité, pero el 21 de febrero del 2017 se recompone, y el 23 de marzo cumple con recepcionar la obra.

El 5 de julio de 2017 la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas revisa y practica la liquidación de obra presentado por el Consorcio Huarcaya y presenta los siguientes resultados: el monto de inversión de la obra fue de S/ 4 257 853.67, un saldo a favor de la contratista por el monto de S/ 26 693.63 soles, entre otros. Dichos montos fueron aprobados en la liquidación financiera de la obra.

NO SE CONSTRUYERON
Comisarías de Monserrate y El Cortijo

Los proyectos denominados creación e implementación de los servicios policiales en las comisarías Monserrate y El Cortijo nunca se ejecutaron. Aunque ya se había firmado el contrato a suma alzada (modalidad de contratación llave en mano), con la empresa contratista Consorcio Monserrate el 15 de julio del 2014, por un monto de S/ 3 061 070.96 soles, al final un 11 de agosto de 2016, mediante carta notarial, el contratista decide resolver totalmente el contrato de ejecución de obra.

Mediante Oficio N°1965-2016-MPT/GOP, del 3 de noviembre del 2016, se remite el consentimiento de liquidación por la elaboración del expediente técnico a la oficina de Procuraduría Municipal.

Según dijo la MPT en 2018 (durante gestión de Espinoza Quispe), la obra no se ejecutó porque ambas comisarías no contaban con resoluciones de creación, lo cual debió ser gestionado por el Mininter, así como la subdivisión y el cambio de uso de tipología de las comisarías. Por ello, el municipio revirtió el proyecto a dicha cartera ministerial. 

Según el informe N° 047-2017-MPT/GOP/SGP/YINP, la MPT, a través de la Gerencia de Obras Públicas, gestionó la donación de un terreno edil para la construcción de la comisaría El Cortijo. Es así que el 3 de setiembre del 2015 el SAIMT remite a la Gerencia de Obras Públicas el informe de transferencia en calidad de donación del inmueble ubicado entre las avenidas América Oeste, Mansiche, Tinin y Jesús de Nazareth Mz. A lote 2, para la construcción de la comisaría Monserrate, se reiteró en diversas oportunidades al entonces jefe OFAD Región Policial La Libertad UE 005 Trujillo la solicitud de alcanzar documentación sobre la inscripción definitiva del saneamiento físico legal del predio donde se ejecutará dicha dependencia policial, pero no llegaba respuesta.

La Gerencia de Obras Públicas de la MPT respondió, luego de una solicitud de Acceso a la Información Pública, que dichas comisarías no se ejecutaron “por falta de saneamiento físico legal del terreno”, lo cual fue “responsabilidad de la PNP”.

Moche y Miramar

El 4 de marzo del 2016 la MPT firmó el contrato a suma alzada, bajo la modalidad de contratación Llave en Mano, con la empresa contratista Consorcio Fabri, por un monto ascendente a S/4 109 968.00 para la ejecución del mejoramiento de las comisarías PNP Moche y Miramar, ubicadas en el distrito mochero.

Nueve meses después se resolvió el contrato, mediante resolución de Gerencia Municipal N°2012-2016-MPT/GM, de fecha 17 de noviembre del 2016, se indica que ocurre por haber superado la penalidad máxima de 10% por incumplimiento del contratista.

Dicho documento edil señala que, mediante informe N° 3882016 MPT/GOP-SGP e informe N° 1292016 MPT/GOP-SGP, se establece que el contratista no ha cumplido con las entregas parciales del expediente técnico, así en la primera entrega parcial tiene 5 días de atraso, la segunda entrega parcial no la presentó y finalmente, la entrega final tenía como vencimiento el día 3 de abril del 2016, habiéndolo presentado el día siguiente 4 de abril del 2016, siendo observado por el área técnica y teniendo el plazo de 10 días para levantar las observaciones, las mismas que fueron levantadas con 29 días de atraso; y, con fecha 22 de agosto del 2016, se le notificó con Carta N.º 053-MPT/GOB-SGP para que subsane las observaciones efectuadas por la Subgerencia de Proyectos, en un plazo máximo de 5 días calendarios, los cuales hasta fecha del presente informe no lo ha presentado, teniendo un retraso de 65 días a la fecha del presente informe, obteniendo una penalidad diaria de S/ 2 110.09 y considerando los 94 días de atraso del contratista se obtiene la penalidad de S/ 229 368.46. En vista que la penalidad supera el 10% del Monto de contrato por Expediente técnico, se aplica la penalidad máxima del 10 % correspondiente, es decir S/ 10 980.40, razón por la cual se solicita la resolución de Contrato por incumplimiento del contratista”.

La Gerencia de Obras Públicas respondió a Investiga que esta obra “no se ejecutó por falta de saneamiento legal del terreno”, que ello es “responsabilidad de la PNP” y que a la fecha no existe controversias legales con la constructora.

NO SE CONSTRUYERON + ARBITRAJE
Comisaría de Buenos Aires

Laudo

Una obra que no se ejecutó, pero originó un arbitraje fue el proyecto denominado Mejoramiento de los Servicios Policiales en la comisaría PNP Buenos Aires. El 31 de octubre del 2014 la municipalidad trujillana firmó el contrato a suma alzada (modalidad de contratación Llave en Mano), con la empresa contratista Constructora Quimera SAC. por un monto ascendente a S/1 178 094.07 soles.

Finalmente se resolvió el contrato de ejecución de obra, mediante Resolución de Gerencia Municipal N°207-2016-MPT/GM, de fecha 15 de febrero del 2016, por haber superado la penalidad máxima 10% por incumplimiento del contratista.

En dicha resolución firmada por el entonces gerente general edil, Ismael Iglesias León, se señala que la MPT consideró no recepcionado el expediente técnico elaborado por la contratista porque no ajustó los costos al monto del contrato.

Previamente, la contratista presenta el expediente técnico el 16 de diciembre de 2014 y el 23 de junio de 2015 pide su aprobación. Pero mediante el informe legal N.° 20-2016-MPT/SGSLO-CECV, suscrito por el abogado Carlos Caballero Vásquez, señala que “de la Cláusula Octava del contrato se verifica que para efectuar el pago por el expediente técnico que reclama el contratista, no basta la presentación, sino que requiere de otros requisitos, como el Acta de Recepción y Conformidad por parte de la Subgerencia de Proyectos, lo que no ha ocurrido, por lo que en modo alguno, no puede requerirse el pago a la entidad sin que el contratista no ha cumplido con subsanar las observaciones efectuadas por la Gerencia de Obras”.

Por lo que “la Carta Notarial de fecha 04 de diciembre del 2015, presentada por el contratista Constructora Quimera S.A.C, en la que proceda resolver el contrato carece de validez y efecto legal, por no sustentar adecuadamente cual es la obligación esencial que habría incumplido la Entidad y si esta es injustificada, conforme lo establece el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.

Además, la MPT consideró el expediente técnico recibido fuera de plazo porque el expediente debía ser presentado el 30 de noviembre del 2014.

Esta controversia originó un proceso arbitral entre el municipio y la constructora que duró muchos meses. Finalmente, el 23 de noviembre del 2018 se emite el laudo arbitral, el cual fue desfavorable para la MPT. Por ello, el 25 de octubre del 2019, el entonces procurador municipal Martín Salcedo Salazar firmó el acta de conciliación N° 168-2019-CON-CCAE-CCLL con la contratista, en la cual el municipio se compromete a acatar el laudo.

En dicho acuerdo, la MPT se comprometió a desembolsar a favor de la Constructora Quimera la suma de S/ 178 009.41 “por concepto de devolución de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento mediante carta fianza N° 0011-0297-9800045006-98 emitida por el banco BBVA”, correspondiente al proyecto de mejoramiento de la comisaría de Buenos Aires.

La constructora, por su parte, desistió del cobro ordenado en la quinta decisión del laudo arbitral de la suma de S/ 57 205.54 “por concepto de elaboración del expediente técnico”. Además, desistió del cobro de los intereses legales ordenados en la quinta y sexta decisión del laudo y de la devolución de los costos arbitrales ordenados en la sétima decisión del laudo, respecto al cobro del 50 % de los gastos arbitrales que correspondía a la MPT.

Terreno

La comisaría de Buenos Aires no pudo ser mejorada porque el terreno no contaba con el saneamiento físico legal por “responsabilidad de la PNP”, dijo la Gerencia de Obras Públicas de la municipalidad trujillana. En un breve recuento se aprecian gestiones administrativas sin éxito.

Con informe N° 038-2016-YINP SGP/MPT (21 de noviembre del 2016), se recomienda de manera urgente solicitar aclaración del Mininter sobre el Saneamiento Físico Legal del predio donde funciona la Comisaria, así mismo solicitar a la Dirección General de Planificación y Presupuesto si el proyecto se debe desarrollar bajo las características físicas con las que cuenta el terreno, que difieren en gran manera con las directivas planteadas por el mismo ministerio.

Mediante oficio N°028-2016-REGPOL.LL/OFAD–OFIBAPIT-INFRA, de fecha 23 de enero de 2017, la región policial OFAD, comunica las dificultades de que no es posible efectuar el proceso de saneamiento físico legal a favor de la PNP.

Luego, el 17 de marzo del 2017, a través del oficio N°115-2017-MPT/A, se remite la información concerniente a la no factibilidad del proyecto al Ministerio del Interior a fin de excluir el proyecto del convenio firmado por ambas partes.

El 6 junio 2017, mediante Oficio N°001255-1255-2017/IN/OGPP, el director general del Ministerio del Interior realiza observaciones y solicita informe técnico de la no factibilidad del Proyecto de Inversión Pública señalado.

Tres días después, mediante Carta N°79-2017-MPT/GOP, se solicitó a la OFAD, que se pronuncie sobre sustento técnico de no factibilidad de ejecución del PIP. Es así que el 4 de julio de 2017, mediante oficio N°278-2016-REGPOL.LL./OFAD–OFIBAPIT-INFRA, la región policial OFAD remite el informe técnico sobre la no factibilidad de PIP.

Finalmente, a través del oficio 963-2017-MPT/GOP, del 10 de julio de 2017, la Gerencia de Obras Públicas comunica a Planeamiento y presupuesto para que se proceda a elevar al Ministerio del Interior, el informe técnico sobre la no factibilidad del PIP de la región policial.

“… el presupuesto, como no lo habían usado durante los cinco años revirtió al Ministerio del Interior. Entonces, cuando le pedimos ya parece que lo habían destinado a otro lugar. Ya no había el dinero”, dijo Daniel Marcelo.

Arbitrajes y razones

En declaraciones para Investiga, el suspendido alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, comentó que cuando ingresó a la MPT “varias (comisarías) han estado con arbitraje, inclusive había ganado el contratista el arbitraje, ya había laudo. Tuvimos que negociar con la contratista y logramos destrabar”.

Dijo que el dinero cobrado por las contratistas a través de los arbitrajes era lo adeudado por la MPT, por lo que fue pagado con el presupuesto transferido para la ejecución de la obra.

“Nosotros negociamos con ellos y lo que ellos cobraban era lo que le debían, ahí no había intereses, nada, era lo que le debían. Y nosotros arreglamos con los contratistas de que terminen (las obras) y yo les pague lo que les debía la municipalidad. (Pagamos los laudos) con el dinero que había transferido el Gobierno a través del Ministerio del Interior. No ha habido nada, no ha habido adicional, claro que ha habido reintegros, que eso es de ley”, sostuvo Marcelo.

“Por la pandemia ha habido protocolos, el mismo ministerio ha establecido de que en todas las obras teníamos que adicionarles creo un promedio de 20 mil soles para los protocolos porque ya las obras no iban a funcionar como funcionaban antes. Entonces, para que no se perjudique el contratista, porque había que instalar una serie de requisitos, como el agua, el alcohol, la mascarilla, los guantes, los protectores faciales, o sea, todo eso se le ha exigido al contratista y ha tenido que cumplirlo. Para eso hubo una disposición de que teníamos que adicionarles 20 mil soles a todas esas obras y se le había pagado”, aseveró el exalcalde.

Por último, señaló que un problema con la ejecución de las comisarías de Moche fue la falta de expedientes técnicos, por lo que como tardó mucho el presupuesto aparentemente ya se revirtió, según Marcelo Jacinto.

“Dos (comisarías de Moche) fueron por temas de expediente que logramos el año pasado, lo que pasa es que el presupuesto, como no lo habían usado durante los cinco años revirtió al Ministerio del Interior. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Ministerio del Interior ya parece que lo habían destinado a otro lugar. Entonces ya no había el dinero”, finalizó Marcelo intentando explicar parte de lo que ha significado el gran retraso de uno de los proyectos de ciudad más urgentes para fortalecer la lucha contra la inseguridad. Espera que aún no concluye.