Tras mucho ruido, por segunda vez quedó suspendido el anunciado paro de transportistas en La Libertad. Aunque nunca hubo confirmación de paro por parte de transportistas interprovinciales y de carga pesada, se quiso llevar adelante una medida para exigir atención a una serie de demandas que detallamos a continuación.
08 de noviembre de 2021
Los transportistas del país han protagonizado una semana en la que han exhibido presiones, amenazas de paro, exigencias -desmedidas para muchos-, incluso lograron una serie de cuestionables concesiones ofertadas por parte del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas.
Aunque han parecido tener una sólida representación y postura de exigencias, lo cierto es que al interior del sector transportes son múltiples sus protagonistas, sus representantes y sobre todo intereses. La Libertad no es ajena a esta situación. La dispersión de gremios nunca pudo confirmar que el frustrado paro que anunciaban para hoy incluyera a los representantes de transporte interprovincial y de carga pesada.
Los únicos persistentes en llevar adelante la acción de protesta fueron los representantes del transporte urbano, aunque sin garantizar masiva participación. Al margen de participaciones y del paro caído, donde sí hay consenso es en los pliegos de reclamos.
¿Qué piden los transportistas, cuál es la crisis que afrontan, y qué aspiran lograr?
Entre sus exigencias figuran desde el aumento en el precio del combustible hasta el cobro de peajes en la carretera nacional y atender la supuesta competencia desleal.
Todos aducen que en cuanto a peajes pagan más que en otros países de la región y por un servicio inexistente. La frecuente alza en el valor de combustibles, el cobro cada vez más alto de peajes y la devolución total del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) son los principales reclamos que le hace el gremio nacional de transportistas al Estado. Desde La Libertad aducen que no hay respuesta satisfactoria al respecto.
Combustible
El presidente de la Unión Regional de Transportistas, Juan Carlos Olórtegui, manifestó a Investiga que se está haciendo llegar al Gobierno Central una propuesta para que el precio del petróleo baje de 17 a 12 soles. Este pedido es un consenso entre toda la confederación del transporte nacional.
Agrega, sobre este punto, que «es insostenible que todas las semanas, todos los jueves, venga subiendo el combustible indiscriminadamente, ya es una norma que aplican».
Si bien el Estado peruano no puede regular precios de mercado, una supuesta solución, sin sustento técnico, planteada por los hombres del volante es «invitar a otras mayoristas (de combustibles) que vengan al Perú y también distribuyan para que haya una mayor competencia».
Mientras, desde el gremio de taxistas dijeron que el Estado debía propiciar la instalación de grifos en todo el país abastecido por el propio combustible explotado para ofertar a precios por debajo del mercado para obligar a las empresas especuladoras a sincerar sus precios.
Otro pedido llevado en el pliego de reclamos sobre el mismo aspecto es que el combustible sea incluido en la tabla reguladora para que las variaciones del precio no sean abruptas. El sistema de franja de precios al que hace referencia el representante de la Unión Regional de Transportistas es un instrumento de política comercial que se usa para fijar los costos de importación y los precios internos de un grupo seleccionado de productos, frecuentemente, agrarios.
Vicente Liñán, presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull), cuenta que “antes de la pandemia estaba (el galón de petróleo) once soles y ahora que estamos en pandemia es diecisiete soles».
Detalla a Investiga que, por cada vuelta, es decir entre salir de su base, llegar al final de su ruta, y volver al punto inicial consumen «entre 2 a 3 galones». Y cada unidad de transporte público realiza cuatro vueltas al día.
Devolución total del ISC
Los transportistas de carga pesada reclaman que el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) les sea devuelto en su totalidad y no al 50% como ocurre en la actualidad, pero ¿cómo funciona el ISC?
Lo primero es conocer que se trata del impuesto que pagas cuando compras bienes como bebidas alcohólicas, cigarrillos o combustibles. Tiene por objetivo desalentar el consumo de estos productos porque generan consecuencias negativas ya sea a nivel personal, social o medioambiental.
Considerando que el consumo de combustible es el principal generador de costo para los transportistas, se buscaba que ellos cuenten con mayor disponibilidad de recursos para prestar el servicio de transporte en mejores condiciones. Por ello se emitió el Decreto de Urgencia N° 012-2019, que establece medidas para fortalecer la seguridad vial y reducir la accidentabilidad en el servicio de transporte terrestre regular de personas y/o carga.
En este punto es que los transportistas tienen derecho a la devolución del 53% del ISC que forma parte del precio de venta del diésel B5 y diésel B20 con un contenido de azufre menor o igual a 50ppm (partes por millón), durante 3 años, contados a partir del 1 de enero de 2020.
La devolución se efectúa en función de los galones de combustible diésel adquiridos por el transportista y del distribuidor de venta de combustibles.
Los hombres del volante reclaman que “el diesel en el servicio transporte de carga, como trabajo, no debería estar sujeto al impuesto selectivo”. Asimismo sostienen que no debería estar sujeto al impuesto mencionado.
“Pedimos que nos devuelvan el selectivo, pero el 100% porque actualmente lo vienen haciendo a cerca del 50%. Estamos solicitando el 100%”, señaló Juan Carlos Olórtegui.
Peajes
Otra de sus principales demandas es el pago por peaje. En Chile (Santiago – Los Vilos, Coquimbo) los buses de más de dos ejes pagan, al cambio, entre 9.39 y 51 soles, dependiendo de la ruta que se siga. En territorio nacional en cada pago para transitar, el conductor de un bus de dos ejes cancela 17.50 soles y el de 20 ejes, deja 174.10 soles a la empresa encargada de los cobros en carretera. Una diferencia que salta a la vista con facilidad.
Sobre esta tasa, Juan Carlos Olórtegui, en nombre de los transportistas de carga pesada, sostiene que, si bien el pago es excesivo, debería “cobrarse cuando las unidades transportan carga” y no cuando circulan vacías ya que no hay dinero de por medio en un viaje sin transporte de productos. Ello desencadena en una pérdida económica para la empresa de transportes y por ende para el operario de la unidad móvil.
Conductores mal pagados
El precio actual del flete, transporte de una mercancía, de carga regular es de 1 500 soles en la ruta Trujillo – Chiclayo. Ese monto económico no ha variado desde hace diez años. Tiempo en el que, Olórtegui manifiesta, el aumento de la canasta familiar y los gastos propios del transporte han ido en crecimiento viéndose perjudicado el transportista y su familia.
Otro de los problemas que ha perjudicado el negocio del transporte a gran escala es el bajo pago a los conductores. El también presidente de transportes y proveedores en la Cámara de Comercio de La Libertad, manifiesta que ganan entre 1 800 a 2 500 soles pero “hay una problemática, bastantes conductores están emigrando al extranjero porque están viniendo a llevarlos”.
Y la mayoría de trabajadores aceptan ir “frecuentemente a España, Estados Unidos y Canadá” porque “los invitan para allá con un mejor sueldo”.
DATO:
En transporte urbano existen 600 personas afiliadas a la Central de Transporte Urbano de La Libertad y más de 300 empresas de carga pesada.
Por las pistas de Trujillo circulan aproximadamente 1 300 micros, 1 800 combis, 2500 colectivos, y cerca de 17 mil taxistas.
Aumento de tarifas
En cuanto al segundo incremento de tarifas en el transporte urbano desde el inicio de la pandemia, Vicente Liñán, prefiere desentenderse y solo señala que “las empresas de nosotros (Certull) no han subido el pasaje, pero amerita subir. Lo que más nos preocupa es el combustible (aumento de precio), ese es el gran problema”.
No a aplicativo
A nombre de los taxistas de empresas privadas de Trujillo, el coordinador de Transporte Especial de La Libertad, Roosveth Ávila, busca incluir una exigencia adicional (aunque sin sustentarla ni plantearla formalmente a autoridades regionales o nacionales), la regulación contra los taxistas “informales” que trabajan actualmente en la modalidad de aplicativo. Ávila considera que estos taxistas perjudican el trabajo de las empresas formalmente establecidas.
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