La historia de la pérdida de un territorio no se escribe con bombas ni con balas. Se escribe con papeles. Con ordenanzas municipales publicadas en El Peruano. Se escribe con actas de entrega firmadas bajo el sol de la cordillera de Titire, entre banderas de un color que ya no es de Puno. Se escribe, sobre todo, con la tinta invisible de la desidia de aquellos que, habiendo jurado defenderlo, le dieron la espalda.
Esta es la historia de cómo dos centros poblados, Titire y Aruntaya, fueron administrativamente cercenados de los distritos de Pichacani y Acora en Puno, ahora son anexados al distrito de Carumas, en Moquegua. Un traslado silencioso y eficaz. Una usurpación perfecta, facilitado por la ausencia negligente de sus legítimos representantes.
Los responsables de esta entrega de territorio puneño tienen nombre y apellido: Richard Hancco Soncco, gobernador regional de Puno, y Javier Ponce Roque, alcalde provincial de Puno. El primero, evaluando su salida para el 13 de octubre para lanzar su candidatura a diputado por Somos Perú. El segundo, embarcado en su sueño de conquistar la gobernación de Arequipa por el partido Ahora Nación, viajando cada fin de semana fuera de su jurisdicción.
Frente a ellos, la calculadora fría y determinante de Gilia Gutiérrez, gobernadora de Moquegua. Ella no viaja para candidatear; viaja para conquistar. Aprovechó el vacío de poder, el abandono de las máximas autoridades puneñas, y movió sus piezas con la precisión de un ajedrecista. Ordenó la emisión de las Ordenanzas Municipales 025 y 026-2025 de la provincia de Mariscal Nieto, el documento legal que consuma el desmembramiento. Mientras Puno dormía, Moquegua actuaba.
La ceremonia de entrega
El miércoles 10 de septiembre de 2025, el acto de anexión se vistió de fiesta. John Larry Coayla, alcalde de Mariscal Nieto (Moquegua), llegó como un novio cargado de regalos a una boda arreglada. En Titire, entregó la ordenanza a la alcaldesa Casimira Ramos Mamani. Repitió la función en Aruntaya con Sofía Poma Flores. Hubo algarabía, sí. La hay siempre cuando llega el que aparece, aunque sea con migajas, después de años de olvido.
Detrás del burgomaestre, el estratega legal: el abogado Julio Armando Valdez Naventa, “El Caballo Valdez”, Subgerente de Planeamiento de Moquegua. Fue el arquitecto del sustento técnico-legal, quien no solo encontró la grieta en el muro administrativo, sino que la amplió hasta convertirla en una puerta de entrada.
Frente a esta ofensiva, el silencio puneño fue clamoroso, esperando la sentencia del Poder Judicial. Un silencio agravado por la ausencia clave de Gerardo Chura Abarca, el sociólogo que más dominio tenía del proceso de demarcación territorial con Moquegua, y que había sido cesado en octubre de 2024. En el terreno, Claudio Elías Vizcarra Maquera, el alcalde de San Cristóbal —el mismo que antes había mutilado a los distritos puneños de Pichacani y Acora, y que ahora veía su propio distrito cercenado— recibió los oficios en marzo y abril. No dijo nada. Todo estaba planificado.
La farsa de la preocupación
Ante la evidente pérdida de territorio de Puno, el alcalde Javier Ponce Roque admitió, con una ingenuidad que delata su distracción, que su gestión “no ejecutó obras” en esas zonas. Se limitó a “acciones de presencia social”, una insinuación perdida para referirse a la foto oportunista y la entrega de panetones. Culpó a “exautoridades” y sugirió, sin ruborizarse, que los dirigentes (alcaldesas de Titire y Aruntaya) firmaron “sin consentimiento”. Su gran solución: pedir un informe y plantear un censo. La burocracia como cortina de humo.
El gobernador Richard Hancco, por su parte, optó por la negación más cínica. En radio Onda Azul declaró: “Nosotros hemos hecho proyectos de inversión… no hemos descuidado ningún sector”. La mentira queda al descubierto con una simple verificación: no existe un solo proyecto de inversión del GORE Puno registrado para Titire o Aruntaya. Nada. Cero. Su presupuesto de 901 millones de soles, muy superior a los 294 millones de Moquegua, nunca llegó a estas comunidades. Mientras Hancco inauguraba obras vistosas para su campaña legislativa, Moquegua invertía 66,248 soles en agua potable para Titire y 170,633 en su puesto de salud. Mientras Puno prometía, Moquegua ponía ladrillos.
Hancco, luego, se refugió en el escritorio: “El problema data de gestiones anteriores”, dijo, y anunció que enviará un documento a la PCM. Demasiado poco, demasiado tarde. La batalla no se perdió en un escritorio de Lima; se perdió en el terreno, día a día, por su ausencia.
La cómplice distracción de Javier Ponce y Richard Hancco
¿Dónde estaban los máximos responsables mientras el territorio Titire y Aruntaya era anexada a Moquegua?
Javier Ponce Roque ya tiene la mirada puesta en Arequipa. Su proyecto político personal pesa más que la integridad de la provincia que administra. Cada fin de semana que viaja a la región Arequipa es un fin de semana que le roba a Puno.
Richard Hancco parece estar midiendo las paredes de su próximo despacho en el Congreso. Su posible renuncia en octubre para candidatear a diputado no es más que la confirmación de que el cargo actual fue solo un trampolín, nunca un compromiso.
Frente a esta dupla de ausentes, la maquinaria moqueguana de Gilia Gutiérrez trabajó sin pausa. No hubo error, ni casualidad. Hubo una estrategia fría, ejecutada sobre el mapa de la desidia puneña.
El verdadero botín: el canon
El exdirigente Milton Cariapaza lo señaló con crudeza: esto es por el dinero. Moquegua, con 250 mil habitantes, recibe 4,870 millones de soles de canon minero. Puno, con más de un millón de habitantes, solo recibe 2,776 millones. La anexión de Titire y Aruntaya no es un capricho geográfico; es una expansión fiscal. Es la ambición de un territorio que reparte mejor la torta, alimentada por empresas interesadas en operar bajo una jurisdicción más “amable” y con mayores recursos.
Puno tenía la razón técnica. Informes de la Dirección de Demarcación Territorial de la PCM (el 027-2013 y el 045-2017) le daban la razón. Pero los informes se judicializaron, se empolvaron en un juzgado y se durmieron en el laberinto legal. Moquegua litigó; Puno, no. Moquegua presionó, compró conciencias en Titire y Aruntaya; Puno, esperó.
El último acto: La comedia del consejo
Este jueves 25 de septiembre, a las 10:00 a.m., en el salón de sesiones del Consejo Regional, habrá una reunión. El consejero Abad Vizcarra Estrella ha citado a Belinda Cabada Catacora, Subgerente de Ordenamiento y Demarcación Territorial, para que explique de cómo permitió que se cercene territorio de Puno, posiblemente será censurada y separada del cargo. Es la escena final de la farsa: la burocracia interrogándose a sí misma, emitiendo informes que nadie leerá, mientras los hechos consumados—las ordenanzas, las ceremonias, la nueva lealtad —se consolidan en el territorio de Titire y Aruntaya.
La pregunta no es qué dirá la Subgerente. La pregunta es qué hicieron —o más bien, qué no hicieron —su jefe, el gobernador Hancco, cuando aún había tiempo de actuar.
El excongresista Orlando Arapa ya lo advirtió: la inacción del gobernador Richard Hancco raya en la “omisión de funciones”, un delito. Le cursó una carta notarial dándole 10 días para actuar. El plazo vence, y la historia juzgará.
Titire y Aruntaya ya no son de Puno. Moquegua los anexó con papeles, con cemento y con ayuda inmediata. Puno los perdió con discursos, con excusas y con una clase política corto de vista, vanidosa y concentrado en sus proyectos personales. El despojo no fue un acto de guerra; fue la cosecha natural de un abandono que, al final, tiene todos los rasgos de una traición.
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