El desinterés hacia las necesidades de la población afecta a diferentes sectores de las regiones del país. La respuesta se evidenció con la protesta de los estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, por la presencia del congresista Wilson Soto (Acción Popular) investigado por el Caso Los Niños, y algunos ministros, quienes iban a participar de una sesión descentralizada de la Comisión de Defensa del Consumidor, pero tuvieron que salir del recinto universitario.
Igualmente, en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, las rondas campesinas, luego de un intento de expulsar al director y la administradora de la Dirección Regional de Salud (Diresa) por supuestos actos de corrupción, fueron repelidos por la policía denunciándose luego un presunto abuso de autoridad por parte de los efectivos contra la ciudadanía.
Por estas y otras protestas que se anuncian para los próximos días, la Red de Medios Regionales del Perú conversó con Raúl Samillán Sanga, representante de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 y 2023, y con Aldo Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, donde los ciudadanos protestan por la falta de carreteras y un hospital, entre otros graves problemas que afrontan.
Puno: No hay justicia para víctimas de protestas
En el sur del país, como es el caso de la región Puno, continúan en pie de lucha, exigiendo justicia por la muerte de numerosos ciudadanos durante las protestas de 2022 y 2023, en rechazo al gobierno de la mandataria peruana, Dina Boluarte.
Raúl Samillán Sanga, presidente de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 y 2023, refirió que las investigaciones no están avanzando como deberían a fin de encontrar responsables y sancionar a los culpables de los crímenes. «Entre los implicados se encuentra la presidenta de la República», dijo.
El dirigente dijo que no es la primera vez que masacran a un pueblo. Por eso «exigimos justicia y que no quede impune».
«A más de un año, lamentablemente el Ministerio Público que está a cargo de las investigaciones ha ido realizando diferentes obstrucciones, generando mayor dolor, desesperación y angustia en cada uno de los familiares», refirió.
Raúl Samillán Sanga, representante de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 y 2023
«Los hermanos de Lima y de otras regiones nos revitalizaron en las protestas del 9 de enero»
El representante de las víctimas recordó que cuando se autoconvocaron en la que fue la primera jornada de lucha y decidieron trasladarse todos los familiares de las diferentes regiones a la capital y levantar sus voces de protesta para que le den celeridad a las investigaciones, sintieron que los «hermanos de Lima y de otras regiones» los acompañan y que no están solos.
Nos dieron a entender que tenemos allí un soporte que no olvida estas masacres y por eso la movilización del 9 de enero fue contundente para nosotros. «Pensamos que íbamos a ser los 150 familiares», pero se habían organizado los colectivos y otras organizaciones (para acompañarnos) y eso ha hecho que nos fortalezcamos.
«Nos ha revitalizado como víctimas para que continuemos con las jornadas de lucha, y así esperar que en algún momento tenga que caer este Congreso golpista y que renuncie la presidenta, que lamentablemente está causando daño al país. Muestra de ello es que no solo ha quitado vidas humanas, sino también está afectando a la economía».
Raúl Samillán Sanga
Según Samillán, en el mes de junio van a regresar nuevamente con las movilizaciones a Lima. Esperan que se duplique el número de ciudadanos, exigiendo una vez más la celeridad en las investigaciones. Además, la salida de los congresistas y de la mandataria peruana.
La Libertad: Inseguridad ciudadana y falta de servicios básicos
La Libertad, no solo padece por la minería ilegal que genera inseguridad ciudadana y que junto a la delincuencia determinaron la declaratoria de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo. También sufre la falta de servicios básicos para la salud, educación y vías, debido a la indiferencia de las autoridades.
El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, también se refirió a las movilizaciones que realizaron los patacinos en Trujillo. Exigen la construcción de un hospital y el mejoramiento de las carreteras, explicó la razón. Dijo que, a pesar de ser una de las provincias que genera más riqueza con el oro a nivel nacional, es una de las más alejadas y olvidadas por la gestión del gobernador César Acuña Peralta.
«Somos una de las provincias más olvidadas y alejadas de La Libertad, a más de 17 horas desde Trujillo. Aportamos muchos recursos con el oro a nivel nacional, pero nuestra gente se muere de dolor porque no hay hospitales y la carretera nacional está en pésimo estado».
Aldo Carlos Mariños, alcalde provincial de Pataz
Carlos Mariños refirió que, después de 10 años, han dado viabilidad a la construcción de un hospital. «Es un tema político más que económico y el gobernador César Acuña dijo que a fines de septiembre se dará». En caso contrario, en octubre, más de 100 mil patacinos de nuevo estarán en las calles, advirtió.
Estado de emergencia en La Libertad
El burgomaestre dijo que el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz continúa generando incertidumbre en la población. Los ciudadanos claman por resultados contra la minería ilegal y la reducción de los índices de criminalidad.
«El estado de emergencia en un papel firmado, que no da resultados porque no está acompañado con nada para intentar revertir la inseguridad que atraviesa esta provincia y región», acotó el alcalde.
Aldo Carlos Mariños, Alcalde Provincial de Pataz
Aldo Carlos dijo que esto repercute negativamente en la imagen (de la provincia), lo que impide que los visitantes lleguen. No ayuda en absoluto, ya que lo único que han hecho es enviar a la policía y al Ejército para resguardar las zonas mineras. Y, hasta la fecha, en más de siete meses, no han identificado a una sola banda criminal, lamentó Carlos Mariños.
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