En La Convención, Cusco, las autoridades descubrieron un caso grave de corrupción policial en Quillabamba que involucra a dos agentes y a una abogada. El último fin de semana, el Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva para los tres implicados.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, bajo la dirección del fiscal Alex Franco Palomino, realizó el operativo que permitió la captura. El Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción PNP Cusco colaboró en la intervención.
Los detenidos son el suboficial de primera PNP Manuel Jesús Sánchez Sánchez, el suboficial de tercera Luis Enrique Zegarra Yupayccana y la abogada Flor Maritza Caballero Alegría. Las investigaciones señalan que trabajaban juntos desde inicios de 2025 en la unidad de Tránsito de la Comisaría PNP de Quillabamba.
Según la carpeta fiscal, interceptaban a conductores con signos de ebriedad y los derivaban a la abogada Caballero. Ella ofrecía “soluciones económicas” y menos tiempo de detención. Luego coordinaba con los policías para devolver vehículos sin imponer papeletas, a cambio de pagos de entre 800 y 1.500 soles.
Corrupción policial en Quillabamba: el caso que destapó la red
El hecho que reveló la operación ocurrió el 2 de agosto. El ciudadano Erick Breizlander Florez Berrios conducía ebrio, sin licencia y sin SOAT. El suboficial Zegarra le propuso contratar a la abogada Caballero por 200 soles, monto transferido vía Yape. Más tarde, la letrada le ofreció recuperar su motocicleta sin papeletas por un pago mayor.
La intervención se ejecutó en flagrancia. Los tres implicados quedaron detenidos con evidencias suficientes para sustentar la medida coercitiva.
El juez Gabriel Farroñan Flores, del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio con funciones adicionales en corrupción de funcionarios, evaluó los elementos de convicción y dispuso la prisión preventiva. Los investigados permanecerán en el penal de Quillabamba mientras continúan las pesquisas.
El caso ha generado atención regional por la implicancia directa de funcionarios encargados de velar por la ley. Las autoridades resaltaron que las investigaciones seguirán para determinar si existen más involucrados en esta presunta red.
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