El municipio de Puno anunció la suspensión preventiva del Policía Municipal Eleodoro Cruz Chambilla tras agredir, sin justificación aparente, a la vendedora ambulante Mercedes Yaja Vargas, quien resultó con hematomas en el brazo derecho y el contorno del ojo izquierdo. El hecho se suscitó en el mercado unión y dignidad.
Según el testimonio de la agraviada, el ataque ocurrió mientras ella no se encontraba expendiendo quesos y chuño en la vía pública. “Yo no estaba vendiendo, simplemente le reclamé porque me estaba tomando fotografías sin permiso”, relató Yaja Vargas. En cuestión de segundos, el Policía Municipal sacó una vara y la golpeó de frente, ante la mirada atónita de otros comerciantes que intentaron mediar.
“No había operativo ni señalización. Él me atacó sin mayor razón y me dejó marcada”, afirmó la comerciante, visiblemente afectada.
De inmediato, la Gerencia Municipal, a cargo de Ricardo Álvarez, abrió un proceso administrativo contra el efectivo por abuso de autoridad y lesiones leves. Cruz Chambilla permanecerá fuera de servicio hasta la conclusión del expediente, cuyo resultado definirá su posible destitución.
“Como ente empleador, actuamos con celeridad para garantizar el debido proceso y proteger los derechos de la ciudadana”, señaló Álvarez.
El Ministerio de la Mujer presentó de oficio una denuncia por violencia contra la mujer y abuso de función. Paralelamente, el Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar; las partes involucradas están citadas a declarar la primera semana de mayo.
Este incidente reaviva el debate sobre la conducta de los cuerpos de seguridad local y la protección de los derechos de los vendedores ambulantes. Organizaciones de la sociedad civil y gremios de comerciantes exigen protocolos claros para la supervisión de las intervenciones municipales y sanciones contundentes ante la violencia de los agentes municipales.
“No podemos normalizar que una autoridad agreda a una ciudadana indefensa. Hacemos un llamado a la transparencia y al fortalecimiento de mecanismos de control interno”, demandó un representante de la asociación de comerciantes.
Mientras las investigaciones avanzan, la comunidad de Puno espera que este caso sirva de lección para prevenir futuros abusos y garantizar un trato respetuoso a todos los ciudadanos.
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