Pero juzgado declaró improcedente el habeas corpus para anular la sentencia de 25 años de prisión contra exdictador Alberto Fujimori
REDACCIÓN INVESTIGA
Denegado. Alberto Fujimori, expresidente golpista procesado por delitos de lesa humanidad, seguirá cumpliendo su condena en prisión en el penal de Barbadillo luego de que el Poder Judicial no admitiera un recurso a su favor que buscaba anular la sentencia de 25 años impuesta en su contra el 2009, por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
En efecto, fue el Noveno Juzgado Constitución de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Juan Tarro Tasso, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta por el abogado Elio Riera Garro contra la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia y la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, entidades que condenaron al exdictador.
El recurso a favor de Fujimori tenía como sustento un supuesto “atentado contra su libertad individual” (en conexidad con el debido proceso y la motivación de resoluciones judiciales). Asimismo, se señaló una presunta “violación de los principios de imputación necesaria e interdicción de la arbitrariedad”.
De acuerdo a la defensa, las sentencias cuestionadas “vulnerarían el derecho a la debida motivación, y agravaron la imputación y con ello la pena, pues se habría considerado que los ejecutores materiales actuaron con crueldad en los arrestos contra los señores Gustavo Gorriti y Samuel Dyer”.
Señalan que la ejecutora suprema del 30 de diciembre de 2009, expedida por la Primera Sala Penal Transitoria, “habría vulnerado principio de interdicción a la arbitrariedad y de debida motivación al condenar por una circunstancia agravada”, ya que los jueces “no expresaron razones suficientes que sustentan la condena impuesta” en contra del exmandatario.
No obstante, el Poder Judicial considera que en el caso de Alberto Fujimori “no se advierte vulneración de los derechos constitucionales cuya tutela se pretende con la interposición de la presente demanda, referidos a la afectación del debido proceso, motivación de resoluciones judiciales, imputación objetiva e interdicción de la arbitrariedad, presunción de inocencia y prescripción de la acción penal”.
Tales circunstancias se subsumen en el primer supuesto del artículo 7 del Código Procesal Constitucional, que señala que no proceden las demandas de habeas corpus cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”, se lee en la resolución.
¿QUÉ SUCEDIO EN LA CANTUTA Y BARRIOS ALTOS?
El 3 de noviembre de 1991, seis individuos encapuchados y armados del grupo Colina irrumpieron una vivienda en Barrios Altos, donde se realizaba una pollada. Debido a su presunta vinculación con actividades terroristas, ordenaron a los asistentes tirarse al piso y luego les dispararon indiscriminadamente. Murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años de nombre Javier Ríos Rojas, y otras 4 quedaron gravemente heridas. El segundo caso ocurrió algunos meses después. El 18 de julio de 1992 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, más conocida como La Cantuta, nueve estudiantes y un profesor fueron sustraídos de sus residencias y posteriormente, desaparecidos. Los restos de dos de ellos fueron hallados en fosas clandestinas un año después.
En el 2009, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por la Sala Penal Especial (SPE), la cual determinó que había sido autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves por los hechos ocurridos en Barrios Altos y La Cantuta. La SPE estableció que Fujimori había cooptado las Fuerzas Armadas y era la cabeza de un aparato organizado, que giraba en torno al Servicio de Inteligencia Nacional y que había servido como medio para cometer delitos, de los cuales Fujimori había tenido conocimiento.
Fuente: Diario La República
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