De acuerdo a cifras del Ministerio Público en el 2023 se abrieron 523 investigaciones contra miembros de la Policía Nacional señalados por cohecho pasivo o coima. Esto implica que, el año pasado, cada 16 horas se reportó en el país el caso de un efectivo presuntamente corrupto y La Libertad está entre las regiones con más casos.
Los reportes por este delito han aumentado progresivamente. De 73 casos en el 2019 pasaron a 109 en el 2020, 165 en el 2021 y 282 en el 2022. Es decir, en 5 años las denuncias se incrementaron en más del 700%. Y, las regiones con más casos en el 2023 son Arequipa (66), Piura (66), Lima (55) y La Libertad (50), revela un informe del diario El Comercio.
El abogado Luis Naldos, exdirector de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, calificó las cifras como «alarmantes». Además, destacó que existe un subregistro de casos no denunciados que ensombrecen aún más el panorama.
HASTA 12 AÑOS DE CÁRCEL
El Código Penal establece hasta 5 rangos de sanción por cohecho contra policías. El más leve, de 4 a 7 años de cárcel, es por aceptar un donativo para realizar u omitir una acción policial. La pena más alta, de 8 a 12 años, es por condicionar la conducta funcional a la entrega de un beneficio.
Todo acto de cohecho policial también conlleva la inhabilitación de la función pública. Asimismo, dentro de la Policía se activan procesos disciplinarios que derivan en la destitución de los responsables, al tipificarse estas conductas como infracciones muy graves.
Según la Ley 30714, hay 223 tipo de faltas disciplinarias en la PNP. La recepción de dádivas está dentro de las consideradas más graves y supone el pase a retiro de los efectivos. Los órganos que imponen estas sanciones administrativas son la Inspectoría General, Asuntos Internos y el Tribunal de Disciplina Policial.
La salida de policías por corrupción también genera otra problemática. A nivel nacional hay un policía por cada 600 habitantes, por lo que su remoción agudiza la escasez de recurso humano para hacer frente a la delincuencia, el problema central en materia de seguridad ciudadana.
Ante este creciente escenario de corrupción policial, urge reforzar los controles, implementar reformas y transmitir un mensaje contundente de cero tolerancia a estas prácticas desde el más alto nivel de la institución. La probidad de la Policía Nacional está en juego. Se necesitan correctivos inmediatos para rescatar la confianza ciudadana en quienes tienen el deber de protegerla.
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