La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra siete congresistas que utilizaron fondos del Parlamento para asistir al cumpleaños del congresista Diego Bazán, representante de La Libertad, en febrero de 2023.
De acuerdo a la denuncia, los congresistas Kira Alcarraz, María del Carmen Alva, Patricia Chirinos, Edward Málaga, Jorge Zeballos y el propio anfitrión Diego Bazán enfrentan cargos por peculado doloso tras usar recursos públicos.
Asimismo, la legisladora fujimorista Rosangella Barbarán también fue denunciada, aunque en grado de tentativa, pues si bien tramitó el boleto con fondos del Congreso para asistir a la celebración, finalmente no realizó el viaje.
La investigación fiscal reveló que los parlamentarios, provenientes de distintas bancadas políticas, viajaron hasta Trujillo, en La Libertad, región que representa Bazán, para celebrar su cumpleaños el 11 de febrero del 2023.
Frente a esta situación, el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi defendió a su colega Barbarán, cuestionando irónicamente en redes sociales el nuevo «delito» que, según él, había inventado la Fiscalía: la «tentativa de viaje».
Por consiguiente, este nuevo episodio intensifica la tensa relación entre el Congreso y la Fiscalía, instituciones que mantienen enfrentamientos debido a la aprobación de leyes que, según el Ministerio Público, limitan sus facultades investigativas.
Asimismo, el Congreso se defendió y acusó a los fiscales de ineficiencia en el combate contra la inseguridad ciudadana.
Congreso con 88% de desaprobación
Mientras tanto, la imagen del Congreso se ha visto severamente afectada, como lo demuestran las últimas encuestas de opinión que revelan un contundente 88% de desaprobación ciudadana.
Específicamente, el rechazo alcanza su punto más alto en los sectores económicos superiores con un 92%, mientras que en los estratos más bajos se mantiene en un significativo 85%.
Este nuevo escándalo, que involucra al congresista liberteño Diego Bazán y sus invitados legisladores, amenaza con deteriorar aún más la credibilidad del Poder Legislativo.
La denuncia presentada por el Área de Enriquecimiento Ilícito marca un precedente en la fiscalización del uso de fondos parlamentarios, especialmente cuando estos se destinan a celebraciones personales de representantes regionales.