Han pasado 11 años desde la masacre de Alto Tamaya–Saweto en Ucayali. El reciente fallo que condena a 28 años y tres meses de cárcel a los responsables marca un precedente histórico. Pero también abre un debate inevitable: la situación de vulnerabilidad que siguen enfrentando los pueblos indígenas y defensores ambientales en el Perú.
La noche del 1 de septiembre de 2014, los líderes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo fueron asesinados por madereros ilegales. Durante años, ellos habían denunciado sin descanso la tala indiscriminada dentro de sus territorios. Sus voces incomodaban a intereses que se movían con dinero y violencia. Y esa resistencia terminó costándoles la vida.
Recién el pasado 25 de agosto, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó la sentencia. La justicia llegó, pero tardó más de una década. Para Felipe Tapia Ninaja, abogado de las viudas, el fallo “constituye un precedente histórico porque envía un mensaje claro contra la criminalidad que ataca a comunidades indígenas”.
Un crimen con móviles colectivos
El caso Saweto demuestra que los asesinatos no fueron hechos aislados. Se trató de un plan criminal diseñado para silenciar a los líderes indígenas y quebrar la defensa de su territorio. El testimonio de un testigo protegido fue clave para evidenciar cómo los sentenciados planificaron y ejecutaron el crimen.
El abogado Tapia recordó que los dirigentes asesinados insistieron hasta el final en la defensa de la tierra, amparados en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT. “Al eliminarlos, se intentó suprimir derechos colectivos y destruir la organización comunal”, afirmó.
Sin embargo, la justicia aún tiene cuentas pendientes. Los condenados siguen prófugos. La captura está en manos de la Policía Nacional, pero hasta ahora no se logra. Para las familias y las comunidades, la justicia no será plena hasta verlos tras las rejas.
Guardias indígenas se organizan ante la ausencia del Estado en la Amazonía. | IMAGEN: Aidesep
Defensores bajo amenaza
El caso Saweto no es único. En la última década, más de 35 líderes indígenas amazónicos han sido asesinados. Y la lista crece. Amenazas ligadas a la tala ilegal, la minería y el narcotráfico se multiplican, mientras el mecanismo intersectorial de protección del Estado muestra serias limitaciones.
Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), lo resume con crudeza: “El papel no aguanta la bala”. Varios defensores, incluso con garantías del Estado, han sido asesinados sin que existan medidas reales de protección.
Las comunidades han empezado a organizar guardias indígenas para vigilar y proteger sus territorios. Lo hacen sin recursos y sin reconocimiento oficial, pero con resultados. “El Estado debería articularse con estas formas de autoprotección y fortalecerlas”, reclamó Guimaraes.
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La voz de los pueblos
El líder asháninka Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene, celebró la sentencia, aunque con un sabor amargo: “Han pasado más de 11 años para que se haga justicia. Eso no es justicia real”. Él mismo ha recibido amenazas por enfrentar al narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Para Valerio, la violencia contra los defensores indígenas se suma a la falta de titulación de tierras. Mientras empresas consiguen concesiones en semanas, comunidades esperan décadas. “Es una injusticia que se repite”, señaló.
El dirigente remarcó además que la expansión del narcotráfico ha puesto en riesgo a las comunidades. Su organización trabaja con cultivos alternativos como cacao y café, pero advierte que sin seguridad en los territorios, el esfuerzo se debilita.
Más de 35 líderes indígenas asesinados en la última década. | IMAGEN: Aidesep
Justicia tardía, deudas presentes
El caso Saweto exhibe con claridad las falencias del sistema de justicia. El proceso duró 11 años, con audiencias suspendidas porque no había intérprete en lengua asháninka. Tapia reclama que el Poder Judicial establezca plazos razonables para casos de defensores indígenas y que se garantice siempre la presencia de intérpretes.
Mientras tanto, la violencia continúa. El reciente asesinato de Hipólito Quispe, defensor en Madre de Dios, confirma que la justicia no llega a tiempo. Su cuerpo permaneció horas en la carretera sin respuesta estatal, pese a que él había pedido protección en reiteradas ocasiones.
El fallo de Saweto es una victoria parcial. Envía un mensaje, sí, pero también recuerda lo frágil que es la vida de quienes defienden la Amazonía. Y deja una pregunta abierta: ¿hasta cuándo el Estado permitirá que quienes protegen los bosques paguen con su vida?
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