El juicio por los crímenes cometidos en el Caso Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) llegó a su fin este viernes con la lectura de sentencia emitida por el Colegiado B de la Sala Penal Nacional.
El tribunal condenó a 12 años de prisión a tres oficiales del Ejército en retiro: Luis Manuel Delgado de la Paz (81), miembro del Estado Mayor de la 31ª División de Infantería del Ejército de Huancayo en 1992, Danilo González Campana (79), integrantes de la Sección de Inteligencia en 199 y Manuel Juan Dill’erva Chávez (79), miembro del Estado Mayor en 1991.
Los jueces los hallaron responsables de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1989 y 1993 contra estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad en Huancayo.
Aunque el Ministerio Público había solicitado 25 años de cárcel, el tribunal evaluó la duración del juicio de más de 20 años, entre otros criterios, para determinar una prisión de 12 años que serán efectiva luego de que sea confirmada por la Corte Suprema.
Los magistrados rechazaron e inaplicaron las leyes de amnistía y prescripción de delitos de lesa humanidad aprobadas por el Congreso y promulgadas por la expresidenta Dina Boluarte, por considerarlas contrarias a los tratados internacionales suscritos por el Perú y a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sala acogió el argumento del fiscal Telmo Michel Morales Cruzado, quien sostuvo que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad cometidos bajo un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.
En el proceso fueron acusados ocho altos mandos de la 31ª División de Infantería del Ejército. El tribunal absolvió a Boris Adolfo Rojas Esquivel, declaró inimputable al general Elías Espinoza del Valle por incapacidad física y mental y reservó el proceso para Manuel Delgado Rojas y Luis Pérez Documet, quienes permanecen no habidos. Los tres condenados fueron hallados responsables de casos específicos de víctimas como Carrasco Huiza, Aliaga Quinto, Vilches Gutarra, Tocas Villanueva y Cori Tenicela, entre otros.
Reparación civil
El fallo ordena una reparación civil solidaria con el Ministerio de Defensa, declarado tercero civil responsable, que asciende a S/150 mil por cada víctima de homicidio y desaparición forzada, y S/75 mil por secuestro agravado. Aunque la pena se ejecutará una vez confirmada por la Corte Suprema, los sentenciados deberán firmar mensualmente ante el juzgado, debido a su avanzada edad.
El abogado de las víctimas, Carlos Rivera Paz, destacó que el tribunal dejó de lado las normas que afectan los derechos humanos.
“El tribunal inaplicó las normas de impunidad, reconoció los crímenes de lesa humanidad y condenó a los responsables. Es una sentencia histórica”, señaló Rivera.
Aquí la sentencia completa:
Sentencia Caso Universidad Del Centro del Perú by Huanca York Times
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