André Gallo Lezama, exregidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, es el primer ciudadano en ingresar formalmente el pedido de suspensión en el cargo de alcalde de Trujillo de Arturo Fernández Bazán, tras conocerse la ratificación en segunda instancia de su condena por el delito de difamación agravada.
REDACCIÓN INVESTIGA
“Como pretensión administrativa principal, en mi calidad de ciudadano y vecino de la ciudad de Trujillo, solicito se declare la suspensión en el cargo de alcalde provincial al señor César Arturo Fernández Bazán, en la respectiva sesión extraordinaria de Concejo, y previa notificación al afectado para que ejerza su derecho de defensa, por incurrir en la causal de suspensión establecida en el inciso 5) del artículo 25° de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” y, como consecuencia: Como pretensión administrativa accesoria, declarada la suspensión del alcalde, se disponga su reemplazo por el primer regidor hábil que integra su lista electoral”, indica en el documento.
La causal que invoca el exregidor es la prevista en el inciso 5) del artículo 25° de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, que establece: “El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo de concejo en los siguientes casos: (…) 5. Por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad. (…)”.
Como se sabe, este martes 20 de junio se dio lectura a la Resolución N° 30 de la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, mediante la cual se confirmó la sentencia de fecha 23 de agosto de 2022, del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, que halló responsable del delito de difamación agravada al alcalde César Arturo Fernández Bazán, en agravio de la teniente de la Policía, Nataly Estefany Rojas Rojas, imponiéndole un año de pena privativa de la libertad (suspendida en su ejecución, por el mismo plazo), y reglas de conducta.
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