La presidenta Dina Boluarte se encuentra en la mira de una investigación preliminar de la Fiscalía. Esto debido a las acusaciones de genocidio relacionadas con las trágicas pérdidas de vidas durante las protestas en contra de su gobierno.
El Ministerio Público citó a Boluarte para comparecer el próximo 31 de mayo, con el objetivo de que responda sobre las numerosas muertes ocurridas en varias regiones del país durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023.
El abogado Carlos Rivera Paz, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), es defensor de los familiares de las víctimas de Andahuaylas, Ayacucho, Puno y Cusco. El interrogatorio se llevará en las instalaciones del Ministerio Público, ubicado en la avenida Abancay en Lima.
Estas investigaciones también involucran a miembros actuales y anteriores del gabinete de Boluarte, entre ellos, Alberto Otárola, actual presidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa. También Pedro Angulo, extitular de la PCM; Jorge Chávez Cresta, ministro actual de Defensa; y Víctor Rojas y César Cervantes, exministros del Interior.
¿Por qué no avanza el caso contra Dina Boluarte?
El 30 de enero pasado, se le solicitó a la jefa de Estado que declarara en persona, pero ella prefirió hacerlo de forma virtual. Posteriormente, se programó una nueva fecha para el 23 de febrero, pero, una vez más, solicitó cambiar el formato, argumentando «riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su presencia en la fiscalía». Sin embargo, el requerimiento tampoco fue atendido hasta el 25 de febrero.
Finalmente, el 7 de marzo, Boluarte acudió al Ministerio Público. Pero la diligencia se suspendió porque el Poder Judicial aún no había resuelto una solicitud de protección de derechos presentada por la Procuraduría General del Estado para anular la ampliación de la declaración ofrecida por el primer ministro, Alberto Otárola, el pasado 16 de febrero.
Además, la entidad también buscaba participar en el interrogatorio a Boluarte Zegarra. Días después, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria falló a favor de la mandataria. No obstante, la fiscal Patricia Benavides apeló esta decisión para excluir a la procuraduría. También pidió que se excluya a los abogados de las víctimas de las protestas de todas las diligencias que se realicen en contra de la presidenta.
La Fiscalía de la Nación presentó un recurso de apelación contra la resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el 14 de marzo de 2023. Hasta ahora dicho recurso está pendiente de resolución. Por lo tanto, la Fiscalía decidió:
“programar las declaraciones indagatorias de los investigados en la presente carpeta fiscal, una vez que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por este despacho fiscal contra la resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el incidente de tutela de derechos”.
El caso se torna aún más lento
Según un informe del diario La República, el fiscal Marco Huamán, encargado de las investigaciones contra las altas autoridades del Ejecutivo, aún no ha citado a los mandos policiales y militares de Ayacucho y Puno, regiones donde se registró la mayor cantidad de víctimas mortales, para que brinden sus declaraciones, pese a contar con sus nombres y direcciones.
En marzo pasado, la fiscal Patricia Benavides anunció la formación de un equipo especial de fiscales encargado de investigar las muertes ocurridas durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y enero de este año. Sin embargo, el trabajo presenta retrasos y no se vislumbra resultados a largo plazo.
Las fiscalías regionales, como las de Apurímac, Cusco, Puno y Ayacucho, donde se produjo violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, están transfiriendo la información muy lentamente al equipo liderado por la fiscal Marena Mendoza Sánchez.
La Asociación de Familiares de las víctimas asesinadas y heridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte ha expresado su preocupación y rechazo ante la decisión de la fiscal Patricia Benavides de trasladar todos los casos de muerte a Lima.
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