Zoraida Ávalos aclaró que el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal.
05 de enero de 2021
La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, abrió investigación preliminar al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe), en agravio del Estado.
Al jefe de Estado también se le atribuye haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso para la adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022, con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh, gane un contrato por la suma de US$ 74 millones.
La investigación que se abrió al jefe de Estado se sustenta en la facultad prevista en el artículo 117° de la Constitución Política del Estado, el cual indica que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
Es importante indicar que el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal.
La disposición fiscal N° 1, del 4 de enero de 2021, ha sido debidamente notificada a la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.
Antecedentes
Esta es la segunda vez, en la historia del Ministerio Público, en la que un Fiscal de la Nación, abre investigación a un presidente de la República durante el ejercicio de su cargo. Como se recuerda, el primer antecedente se registró en octubre de 2020, cuando la fiscal suprema y titular del MP, Dra. Zoraida Avalos Rivera, dispuso abrir investigación al entonces presidente Martín Vizcarra por sus vínculos con el ciudadano Richard Cisneros Carballido (conocido como Richard Swing), quien se vio favorecido con diversas contrataciones en el Ministerio de Cultura.
La investigación fue suspendida toda vez que Martín Vizcarra se encontraba en el ejercicio de sus funciones como presidente de la República, no obstante, una vez que dejó el cargo, (luego que el Congreso de la República aprobó la moción de vacancia en su contra), la Fiscal de la Nación emitió una nueva disposición para iniciar los actos de investigación. Culminada esta etapa se formuló la correspondiente denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
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