En un nuevo capítulo de las investigaciones en torno a las protestas que tuvieron lugar en Puno, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ha dado pasos firmes para esclarecer los hechos ocurridos el 9 de enero del 2023. En aquella fecha, la ciudad de Juliaca se convirtió en escenario de una confrontación que dejó 17 civiles fallecidos y más de un centenar de heridos en los alrededores del aeropuerto.
Los enfrentamientos entre manifestantes, agentes policiales y miembros del Ejército marcaron un episodio trágico en la historia reciente de Puno. Ahora, mientras se busca entender los detalles y motivos detrás de estas acciones, surge un nuevo obstáculo: la negativa del Ejército a proporcionar el plan de operaciones que guio su intervención durante aquellos disturbios.
La solicitud del Ministerio Público al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presentada el pasado junio, buscaba obtener claridad sobre las estrategias y procedimientos empleados para restablecer el orden en Juliaca. Sin embargo, la respuesta ha sido contundente: los documentos en cuestión están clasificados como secretos, reservados y/o confidenciales por razones de seguridad nacional.
Esta negativa ha llevado a la Fiscalía a tomar medidas más firmes. Mediante la Disposición Fiscal N° 04-2023-MP-FN-EFICAVIP, con fecha del 4 de agosto de 2023, se ha ordenado reiterar la solicitud de entrega del Plan de Operaciones de acciones militares. Además, se solicita también el documento que registra la entrega y devolución de armas de fuego, así como la nómina del personal militar involucrado en los acontecimientos del 9 de enero en Juliaca.
El planteamiento de la Fiscalía es claro: en caso de persistir la negativa, se tomará medidas adicionales. Copias de esta disposición serán enviadas a la Fiscalía Penal de Turno, lo que podría llevar a acciones legales contra aquellos que se nieguen a colaborar en el esclarecimiento de los hechos. La desobediencia a la autoridad y la obstrucción de funciones podrían acarrear consecuencias legales.
El enfoque de las investigaciones se centra en la presunta comisión del delito de homicidio calificado, en relación con las 18 víctimas civiles que perdieron la vida durante las protestas. Además, se busca esclarecer la presunta comisión del delito de lesiones graves o leves en perjuicio de los 106 civiles heridos en los enfrentamientos.
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