El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició un proceso judicial para retirar la ciudadanía estadounidense a Luis Miguel Fernández Gaviola, exoficial del Ejército Peruano, al acusarlo de ocultar información clave sobre su pasado militar y su vinculación con la masacre de Pucará (Huancayo), ocurrido en 1989, al solicitar beneficios migratorios.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida presentó una demanda civil de desnaturalización ante un tribunal federal de Miami. El caso no es penal y no busca juzgar directamente las ejecuciones, sino determinar si Fernández Gaviola obtuvo la ciudadanía mediante fraude u ocultamiento de hechos relevantes, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
La acusación
Según la demanda, difundida el 26 de enero último por el Departamento de Justicia, Fernández Gaviola sirvió como suboficial de Infantería en el área de Inteligencia (G-2) de la 31.ª División de Infantería del Ejército Peruano, unidad militar que operaba en Huancayo durante el conflicto armado interno.
En ese rol, de acuerdo con el gobierno estadounidense, integró la unidad que ejecutó a ocho pobladores del distrito de Pucará en noviembre de 1989, bajo la acusación de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso. Tras esos hechos, el exoficial ingresó a Estados Unidos en 1992, donde —dice la demanda— ocultó su historial al iniciar su proceso migratorio.
“Nadie que comete atrocidades como estas tiene derecho al valioso privilegio de la ciudadanía estadounidense”, afirmó Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia. “Le debemos al pueblo estadounidense protegerlo de violadores de derechos humanos que abusan de posiciones de poder, sin importar dónde hayan cometido sus actos”, señaló.
Las presuntas falsedades
El Departamento de Justicia sostiene que en 2003, cuando Fernández Gaviola solicitó el ajuste de estatus para convertirse en residente permanente, declaró bajo juramento que no había prestado servicio militar en el extranjero y que nunca participó en la muerte de una persona por motivos políticos.
Cuatro años después, al solicitar la naturalización como ciudadano estadounidense, volvió a negar cualquier participación en persecuciones por razones políticas y aseguró no haber brindado información falsa o engañosa a las autoridades migratorias.
Para la fiscalía estadounidense, esas declaraciones resultan materialmente relevantes y, de comprobarse su falsedad, invalidarían el proceso de naturalización.
“La ciudadanía de los Estados Unidos es un privilegio profundo, reservado para quienes la obtienen honestamente y conforme a la ley”, sostuvo Jason A. Reding Quiñones, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. “Esta acción civil alega que el demandado ocultó hechos materiales sobre su pasado, incluida su participación en graves violaciones de derechos humanos, para obtener ese privilegio”.
La masacre de Pucará
De acuerdo con las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y posteriores acciones fiscales y judiciales en Perú, la madrugada del 4 de noviembre de 1989, dos patrullas del Ejército ingresaron al distrito de Pucará, en la provincia de Huancayo, se hicieron pasar por miembros del MRTA (Movimiento Revolicionario Túpac Amaru) y ejecutaron extrajudicialmente a ocho pobladores.
Las víctimas fueron Paulino Cabezas Cóndor, Raúl Cabezas Cueva, Leoncio Orihuela Medrano, Isauro Valdez Rojas, Nilo Castillón Laveriano, Máximo Pérez Ureta, Gladis Poma Vila y Madeleni Poma Vila.
La (CVR) documentó el caso y concluyó que los hechos constituyeron ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de derechos humanos, atribuidas a efectivos del Ejército destacados en Huancayo, entre ellos integrantes del Batallón antisubversivo Inclán, que operó en el cuartal 9 de Diciembre.
Este caso es uno de los casos documentados por la CVR que llegaron a juicio. La Sala Penal Nacional condenó a 20 años de prisión efectiva a exintegrantes del Ejército, entre ellos a Marco Antonio Llontop Jesús, identificado como autor material de varios asesinatos en el operativo militar.
Otros implicados afrontaron procesos con resultados distintos, incluidas absoluciones y decisiones posteriores de instancias superiores, lo que dejó responsabilidades penales parciales, pero confirmó judicialmente la existencia de la masacre.
Ocultó información
La demanda presentada en Miami no evalúa esas sentencias en el sistema judicial en Perú. El caso es migratorio. El Departamento de Justicia aclaró que no existe aún una determinación de responsabilidad. El tribunal deberá resolver si Fernández Gaviola mintió u ocultó información relevante al pedir su naturalización como ciudadano estadounidense y si esa conducta justifica revocar dicha ciudadanía.
La investigación migratoria estuvo a cargo de la División de Violadores de Derechos Humanos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y el litigio lo asumirá la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia y la fiscalía federal de Florida.
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