El 8 de agosto se dio inicio a la Cumbre de Presidentes Amazónicos en Belém do Pará, Brasil. El encuentro que reunió a los ocho países que conforman la Amazonía con miras a firmar la declaratoria para evitar que esta área llegue al punto de no retorno, es decir, cuando se pierda más del 20% de sus bosques y biodiversidad.
Durante el primer día del evento, la presidenta Dina Boluarte presentó las propuestas del gobierno peruano para cumplir con dicho objetivo. Entre los puntos que llamaron más la atención del discurso de la mandataria fue la propuesta de establecer una alianza para frenar los delitos ambientales, como la tala y minería ilegal, el tráfico de drogas y de flora y fauna.
En esa línea, la jefa de Estado manifestó que dicha articulación debe contemplar la protección de los defensores ambientales. Asimismo, Boluarte planteó cerrar las brechas económicas y sociales con las comunidades originarias mediante la creación de sistemas universales de salud y de protección social. Y, fortalecer el enfoque intercultural en los servicios públicos que debe brindar el Estado a estas y crear espacios de participación para las poblaciones amazónicas.
Sin embargo, la mandataria no hizo mención a estrategias o políticas que promuevan la atención de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci) en la Amazonía, considerando que conservar su salud, formas de vida, identidad cultural es fundamental para asegurar su relación e interdependencia con el ambiente y las tierras que conforman su territorio ancestral.
Esta semana, Inforegión conversó con la directora general de Derechos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, Dulhy Carolina Pinedo Amacifuen, para analizar este tema y explicar en qué radica la principal dificultad a nivel estatal para asegurar la integridad física, territorial y cultural de estos pueblos, entre otros puntos relacionados a la protección de los pueblos originarios.
Desinformación: el mayor peligro para los Piaci
El mes pasado este medio publicó una nota que reúne las últimas declaraciones del congresista Jorge Morante Figari. El legislador de Fuerza Popular ha confirmado que presentará nuevamente el Proyecto de Ley Nº 3518 o la Ley de Genocidio Piaci.
La archivada propuesta legislativa que busca otorgar competencias a los gobiernos regionales para decidir sobre la creación de las reservas indígenas donde viven y se desplazan los Piaci. Algunas autoridades regionales han manifestado que estos impiden la construcción de obras de necesidad pública e interés nacional.
Dentro de este grupo está el gerente regional de Desarrollo de los Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Loreto, Erwin Florett, y el propio gobernador, Réne Chávez Silvano, quien ha sido firme en señalar que estos serían protegidos únicamente, siempre y cuando se demuestre su existencia antes.
“Nosotros no hemos bajado la guardia en cuanto a las propuestas que puedan poner en vulneración los derechos de los Piaci. Creemos que esto se debe a toda una mala información de cómo se gestionan y cómo se deben relacionar los servicios de las comunidades aledañas con las reservas indígenas. A nosotros lo que principalmente nos preocupa son las comunidades y organizaciones que puedan tener una idea contraria a la protección de los derechos de los Piaci”, declara Pinedo.
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