Hay decisiones judiciales que no reparan el daño, pero al menos colocan un límite. En Desaguadero, ese límite acaba de trazarse con claridad: el uniforme no blinda delitos y el poder delegado no autoriza a robar.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Desaguadero, a cargo del juez Anselmo Jhonny Puma Quispe, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jhonatan Huirse Silva y seis meses contra Alfredo Apaza Escarcena y Luis Alberth Villacorta Condori, efectivos policiales investigados como presuntos coautores del delito de hurto agravado. El agraviado es Vidal Fredy Chambilla Condori, propietario del vehículo sustraído.
El hecho: coordinación, ventaja y abuso de función
Según la investigación fiscal, el hurto ocurrió el 25 de diciembre de 2025 en la localidad de Desaguadero. Los imputados, fuera de su turno de servicio, habrían actuado con conocimiento previo y coordinación. La tesis fiscal sostiene que verificaron la operatividad del vehículo, facilitaron la llave a un tercero aún no identificado y permitieron que la unidad fuera sustraída y trasladada con dirección a Moquegua.
No fue una acción improvisada ni aislada. La hipótesis apunta a un acuerdo previo, una ventaja obtenida desde dentro y el uso indebido de la confianza que el Estado deposita en sus agentes. Cuando la ley se conoce para ser burlada, el delito se agrava.
Los fundamentos de la medida
Durante la audiencia, el juzgado evaluó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, así como los presupuestos exigidos por la normativa procesal penal: gravedad del delito, prognosis de pena y necesidad de asegurar la presencia de los investigados durante el proceso.
Con esos criterios, se dispuso el internamiento de los imputados en el establecimiento penitenciario que determine el INPE, mientras continúan las diligencias dentro del plazo legal.
Una señal mínima frente a una herida mayor
La prisión preventiva no es una condena, pero sí un mensaje. En una zona donde la frontera diluye responsabilidades y la informalidad se vuelve norma, esta decisión recuerda algo elemental: la autoridad no es impunidad.
En Desaguadero, el caso deja una lección incómoda. Cuando quienes deben proteger cruzan la línea, el daño no es solo patrimonial. Es institucional. Y la confianza —esa que tarda años en construirse— se pierde en un instante.
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