La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que Cusco registra 35 obras públicas paralizadas debido a fallas previas al inicio de su ejecución, como expedientes técnicos deficientes, falta de permisos o ausencia de terrenos disponibles, según el último reporte de la Contraloría General de la República. Este grupo de proyectos, cuyo costo total bordea los S/115 millones, ubica a Cusco como la tercera región con más obras detenidas por estas causas, solo por detrás de Áncash y Lima, y representa un riesgo en la gestión de los recursos públicos. “Cuando una obra se inicia sin contar con condiciones básicas resueltas, el proyecto queda expuesto a retrasos prolongados, modificaciones contractuales y mayores costos. En estos escenarios, el presupuesto inicial suele ampliarse, se acumulan gastos sin resultados concretos y se reduce la capacidad del Estado para asegurar que los recursos asignados se traduzcan efectivamente en infraestructura y servicios para la población”, explicó Erick Chuquitapa, economista de REDES. Precisamente, de las 35 obras paralizadas por errores previos al inicio de su ejecución, 34 están a cargo de gobiernos locales. Entre las más relevantes figuran la ampliación del sistema de agua y alcantarillado en Calca, a cargo de la municipalidad provincial, un proyecto iniciado en 2012 y actualmente detenido por falta de terrenos; la remodelación del mercado satélite de Quillabamba, ejecutada por la Municipalidad Provincial de La Convención; y la instalación de defensas ribereñas en el río Vilcanota, detenida por deficiencias en el expediente técnico. La concentración de estas paralizaciones ocurre en un contexto regional afectado por problemas de corrupción, un entorno que debilita la calidad de la planificación pública y hace más probable que errores técnicos, expedientes mal elaborados y decisiones deficientes terminen en obras que nunca llegan a ejecutarse. De acuerdo con la Contraloría, en 2023 Cusco perdió S/13 por cada S/100 de gasto público por corrupción e inconducta funcional, lo que equivale a más de S/1,352 millones. Además, el último reporte de la Defensoría del Pueblo indicó que 6 de cada 10 casos de corrupción registrados en Cusco durante el primer semestre del 2025 involucraron a funcionarios municipales. Este tipo de fallas previas no es nuevo en la región. En proyectos emblemáticos del pasado, problemas detectados desde las primeras etapas terminaron derivando en paralizaciones prolongadas, sobrecostos y procesos de investigación fiscal. Un caso representativo es el del Hospital Antonio Lorena, que fue licitado con un expediente técnico deficiente, dando lugar a múltiples ampliaciones de plazo y mayores costos. La obra quedó vinculada a investigaciones por corrupción en el gobierno regional de ese periodo y, más de diez años después, recién se proyecta su inauguración este año. El impacto de las obras paralizadas se refleja directamente en la vida cotidiana de la población. “Cuando una obra queda detenida, los recursos públicos asignados no se traducen en servicios ni en infraestructura para la gente. Eso significa que proyectos de agua, saneamiento, electricidad u otros servicios básicos simplemente no llegan”, señaló Chuquitapa. En Cusco, esta situación es especialmente visible: 7 de cada 10 hogares no cuentan con el paquete completo de servicios básicos, según el INEI. El economista añadió que vivir en un entorno sin servicios tiene efectos más amplios sobre el desarrollo regional. “Las obras inconclusas y la falta de confianza en las instituciones desincentivan la inversión privada y limitan las posibilidades de crecimiento, buena educación y empleo. Al acumular una gran cantidad de obras sin concluirse, el problema deja de ser puntual y se convierte en una señal de debilidad institucional que influye en las decisiones de inversión en la región”, finalizó.
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