Dos funcionarios tendrían responsabilidad penal y administrativa en la suspensión injustificada del plazo de ejecución de la rehabilitación y restitución de infraestructura de un colegio.
23 de noviembre de 2021
En el marco del Megaoperativo de Control en La Libertad, la Contraloría General halló presunta responsabilidad penal y administrativa en dos funcionarios de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, por acordar con el contratista y supervisor de obra la suspensión del plazo de ejecución de la rehabilitación y restitución de infraestructura de un colegio, lo que causó un perjuicio económico para la entidad de S/ 42 650.08.
El Informe de Control Específico N° 023-2021-2-0424-SCE, que comprende el periodo del 8 de abril de 2019 al 17 de abril de 2020, detalla que la suspensión del plazo de ejecución de obra ocurrió del 2 de enero al 3 de febrero de 2020, al margen de la normativa de Contrataciones del Estado; y generó la inaplicación de la penalidad por mora “por retraso injustificado en la ejecución de la prestación”, ocasionando un perjuicio económico.
La Comisión Auditora advirtió que el evento invocado para acordar la suspensión del plazo de ejecución de obra no constituyó un evento extraordinario, imprevisible e irresistible para sostener la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor que justifique la paralización de la ejecución de la obra.
Asimismo, precisa que a pesar de que la entidad dio solución a dicho evento tanto los dos funcionarios como el supervisor de la obra dejaron transcurrir 28 días calendario, para recién acordar el reinicio de los trabajos el 3 de febrero de 2020; aunado a ello, durante la ejecución de la obra existieron otros retrasos injustificados sin que los dos funcionarios y el supervisor de obra aplicaran la penalidad por cada día de atraso.
El informe elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Trujillo recomienda, que el procurador público especializado en delitos de corrupción inicie las acciones legales penales contra los dos funcionarios ediles y el supervisor de la obra comprendidos en los hechos. Además, solo dos primeros tendrían responsabilidad administrativa.
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