El pleno del Congreso de la República aprobó un dictamen que exime de responsabilidad penal a quienes, al recurrir a la práctica de la legítima defensa, hagan uso de la fuerza, incluida esta en su modalidad letal.
La iniciativa, aprobada con 82 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en lo que respecta a la responsabilidad penal derivada de la práctica de la legítima defensa.
Como requisito para ello, esta práctica de la legítima defensa tiene que derivar de una agresión real, perpetrada previa irrupción ilegítima dentro de un inmueble, medio de transporte, negocio, empresa, asociación civil, lugar de trabajo o en algún inmueble que sea de propiedad de quien repelió el ataque.
En estos casos, quedará excluido el criterio de la proporcionalidad del instrumento con el que se repelió el ataque. En lugar de este principio, se tomará en cuenta “la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios que se dispongan para la defensa”.
También se tomará en cuenta la actitud hacia el agresor por parte de quien se defiende de él, la situación de peligro inminente en la que este se encuentre y la necesidad de proteger tanto su vida como la de terceras personas.
Otra de las modificaciones al Código Penal propuestas en el dictamen indica que si una persona apela al uso de la fuerza mediante arma de fuego inscrita a su nombre, este objeto será incautado dentro de las siguientes 48 horas para ser sometido a las investigaciones correspondientes.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas (PL), encargada de sustentar la iniciativa, señaló que esta busca “fortalecer el derecho a la legítima defensa y proteger la vida de las personas ante agresiones ilegítimas”.
La norma aún debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo para que entre en vigor.
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