La Gerencia Regional de Educación de Arequipa confirmó que se encuentra evaluando aplicar la máxima sanción contra el colegio privado Lord Byron School. Esto incluiría su cierre definitivo, tras comprobarse su grave omisión al no reportar el caso de abuso sexual. Esto fue contra una estudiante de 13 años presuntamente cometido por el docente Raúl Jhon Lozano Bedoya.
La gerenta regional de Educación, Cecilia Jarita, fue enfática al señalar que «el colegio Lord Byron no reportó el caso en la plataforma SíseVe, pese a tener evidencia del hecho». Agregó que separaron temporalmente al profesor solo cuando los padres presentaron el acta policial.
«Agresión a la dignidad, reputación de una estudiante, debe ser severamente sancionado»
Además, reveló otra irregularidad: «contrataron al docente sin verificar su título pedagógico, violando el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas». De confirmarse el cierre definitivo, tras concluir el proceso sancionador, se efectuaría un proceso, para no afectar a los alumnos.
El caso salió a la luz cuando la madre de la víctima presentó el 24 de abril pruebas contundentes que incluían imágenes y videos íntimos enviados por el docente. Al día siguiente, el 25 de abril, se formalizó la denuncia en la comisaría de Sachaca. Los hechos habrían ocurrido el 16 de marzo, cuando el profesor aprovechó que la menor estaba sola para ingresar a su vivienda en dicho distrito.
Sanción del colegio en Arequipa
Según la normativa educativa vigente, todas las instituciones tienen la obligación de registrar inmediatamente estos casos en el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe). Requisito que el Lord Byron incumplió flagrantemente.
La gerenta Jarita advirtió que el colegio incurrió en una falta gravísima y que, de confirmarse estas irregularidades, procederían con el cierre definitivo del plantel. Mientras se toma esta decisión, la Gerencia Regional de Educación ya inició un proceso administrativo contra la institución y anunció una intervención inmediata para verificar otros posibles incumplimientos.
Las autoridades educativas reiteraron su compromiso de actuar con firmeza ante este tipo de situaciones que vulneran los derechos de los menores.
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