A fines de este mes la Contraloría General de la República desplegará un mega operativo que permita descubrir funcionarios y autoridades inmersos en casos de corrupción y delitos funcionales, mientras recientes operativos han permitido desbaratar organizaciones delictivas en las que incluso se ven involucrados alcaldes; sin embargo, en los últimos años han sido diversas las autoridades liberteñas que alguna vez han sido denunciadas, procesadas o incluso sentenciadas por delitos relacionados a su gestión, aunque también se cuentan reprobables acciones fuera de su labor.
12 de setiembre de 2021
A continuación, un recuento de casos y políticos que alguna vez estuvieron bajo atención judicial o cuestionamiento público por delitos y señalamientos hacia su calidad de gestión y de acción.
“Los Malditos de Poroto”
En los últimos días la Policía Nacional, junto al Ministerio Público, allanó 11 inmuebles e intervino a siete personas investigadas por delitos de tráfico de terrenos, todos señalados como miembros de la Organización Criminal “Los Malditos de Poroto”. Los miembros de esta banda son acusados de delitos de falsificación de documentos, estafa, usurpación y lavado de activos.
Entre los inmuebles allanados se tuvo a la sede de la Municipalidad Distrital de Poroto y la Municipalidad Distrital de Chao, así como los juzgados de paz de ambos distritos.
En el grupo de detenidos destacan el Juez de Paz de Poroto, Erico Vilar Gonzáles Pérez; el Exjuez de Paz de Chao, Víctor Raúl Pérez Escobedo; el exgerente de la Municipalidad Provincial de Chao, Elmo Ricardo Mostacero Altamirano.
Construcción y corrupción
Otro caso reciente fue la desarticulación del denominado “El Club de la Construcción de la sierra liberteña”, grupo que armó una componenda para beneficiarse de una mala obra de construcción de carretera. En el caso se encuentran involucrados funcionarios municipales y representantes de una contratista, y dos alcaldes, el de la provincia de Julcán, Marco Antonio Rodríguez Espejo y el distrital de Calamarca, Kiko Dany Rodríguez Espejo. Los cargos que pesan contra los burgomaestres son delito de colusión agravada y concusión.
Para sorpresa general, en uno de los inmuebles allanados del alcalde de Calamarca se encontraron dos vehículos pertenecientes a su Municipalidad Distrital, un volquete y un patrullero. La fiscalía anunció un eventual pedido de prisión preventiva para las autoridades electas.
José Ruiz, exalcalde de Huanchaco
En diciembre del 2018 se hizo público que Ruiz Vega, en ese momento alcalde de Huanchaco, había sido denunciado penalmente por el presunto delito de Falsedad Genérica. La razón fue un presunto favorecimiento con documentación falsa a Ruly Giovany Izquierdo Ríos y Zoila Natividad Oré Alfaro para hacerse propietarios de una casona ubicada en el distrito de Huanchaco.
Todo inició en marzo de 2017, cuando Izquierdo Ríos solicitó se le inscriba como contribuyente y supuesto propietario de la Mz. 40 lote 2 (la casona) argumentando que se la había comprado a Oré Alfaro, la supuesta anterior propietaria.
Ruly Izquierdo adjuntó una minuta de compra y venta, memoria descriptiva firmada por Nivex Tocto Agurto, una constancia de verificación firmada por el juez de paz de Huanchaco, Víctor Piminchumo Ucañán, los planos de ubicación, localización y perimétricos visados por la municipalidad de Huanchaco.
Según asegura el denunciante, Augusto Goicochea, dichos documentos jamás existieron antes de esa fecha y fueron inventados e ingresados al acervo documentario de la MDH posteriormente para permitir una inscripción ilegal.
Augusto Goicochea Larco, descendiente del propietario original Víctor Larco Herrera, está solicitando se le devuelva la casona Goicochea y denunció penalmente al entonces alcalde de Huanchaco, José Ruíz, también a Ruly Giovany Izquierdo Ríos y Zoila Natividad Oré Alfaro.
Por este caso, Ruíz Vega fue citado por el Ministerio Público de grado o fuerza en enero de 2020.
Hace un año, en septiembre de 2020, Contraloría informaba la detección de un perjuicio económico por más de 80 mil soles en la municipalidad de Huanchaco, ocurrido cuando Ruiz dirigía la comuna huanchaquera.
Esta afectación a los recursos distritales tiene su origen en multas interpuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) entre 2015 y 2019. Las causas fueron la inasistencia a diligencias de comparecencia y la omisión de acciones administrativas por denuncias ocurridas.
Sunafil emitió la primera Resolución N° 169-2015-SUNAFIL/IR-LL/SIRE en el que se detalla una multa de S/ 70 174. 50 (sumado a los intereses moratorio), pero posteriormente emitió una segunda resolución N° 015-2019-SUNAFIL, en el que la suma asciende a un total de S/ 10 556.60.
Las multas mencionadas fueron pagadas entre el 29 de enero y 3 de marzo de 2020, afectando el patrimonio económico de la Municipalidad de Huanchaco.
El pasado mes de agosto, el diario La Industria de Trujillo daba cuenta que Ministerio Público había iniciado una investigación contra la comuna huanchaquera relacionada al período en que José Ruíz era el titular de ese distrito ya que “se emitieron una serie de documentos (…) con el objetivo de avalar legalmente las áreas ocupadas de manera fraudulenta y con violencia”, áreas que le pertenecen a privados, al propio municipio y al proyecto especial Chavimochic.
La investigación hace presumir que altos funcionarios municipales requirieron de testaferros y que 16 mil metros cuadrados habrían sido ocupados ilegalmente por la organización delictiva ‘Los letales del norte’. Dicha extensión de tierra está valorizada en más de 500 mil soles.
El terreno, ubicado en la avenida Los Cocoteros manzana R2, lote 1 del sector noroeste de Los Huertos de Huanchaco le fue arrebatado a Freddy Nolberto Romero Paredes, quien está bajo posesión de este desde el 14 de abril de 1993, de acuerdo con documentos de la Comunidad Campesina de Huanchaco.
Luis Valdez, exgerente municipal de Trujillo y exgobernador regional
En abril de 2016 Luis Valdez fue denunciado ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción de La Libertad por autorizar la venta de un parque de uso público y luego cambiarlo por uno ubicado en el cercado de Trujillo cuando era gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
La denuncia alcanzó también a Cesar Acuña, a sus regidores y a los funcionarios que resulten responsables en la aprobación para de venta de un parque público a la empresa Apex Capital S.A.C. para la construcción de unas galerías.
El denunciante argumentó que los bienes públicos son inalienables e imprescriptibles por lo que no pueden ser vendidos y aun así en acuerdo de consejo N° 249-2013 declaran de interés público la iniciativa privada de convertir el parque ubicado en la cuarta etapa de la Urbanización Santa María de unos 350 metros cuadrados en una galería.
En marzo de 2017, mientras los huaicos azotaban Trujillo como parte del Fenómeno El Niño Costero, el en ese entonces gobernador regional, Luis Valdez Farías se encontraba en el extranjero. Eso le valió algunas denuncias. Es así que el entonces decano del Colegio de Abogados, Luis Saldaña, interpuso una denuncia por los delitos de omisión de actos funcionales, delito de peligro común en la modalidad de atentado contra la seguridad pública y exposición a peligro de personas ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.
La fiscalía inició una investigación preliminar “por un plazo de sesenta días”, sin mayores resultados.
En 2019, la Contraloría suspendió a Valdez por 360 días en sus funciones de gerente de la Municipalidad Provincial de Trujillo, cargo que había ocupado años atrás. Pero dado el gran retraso del dictamen no tuvo efectos prácticos en la actividad de Valdez. De acuerdo con el órgano fiscalizador, Valdez incurrió en faltas administrativas relacionadas a la construcción del Complejo Deportivo Mochica Chimú, obra que demandó la inversión de S/103 millones y que hasta la fecha no ha sido culminada. Luego, en segunda instancia la Contraloría lo absolvió de los cargos.
John Vargas, exalcalde de Magdalena de Cao, alcalde de Ascope
La Fiscalía anticorrupción decidió iniciar una investigación contra el entonces alcalde del distrito de Magdalena de Cao (Ascope), John Vargas Campos, por la presunta comisión del delito de colusión. Según data fiscal, se cuestionó al burgomaestre distrital por —aparentemente— haber intentado beneficiarse con la contratación indebida de un supervisor para una obra de mejoramiento de un colegio por S/ 109 000.
En la carpeta se señala que la obra “Mejoramiento de la infraestructura educativa de la Institución Educativa Vicente Cerro Cebrián de Salamanca, distrito de Magdalena de Cao – Ascope- La Libertad” se inició el 3 de noviembre de 2014, bajo la gestión de la entonces alcaldesa Rosa Elías Ávila y debió tener como fecha de conclusión el 2 de marzo de 2015.
Al iniciarse estos trabajos, correspondió convocar a un supervisor para la obra por un valor de S/ 109 000. Sin embargo, el 30 de enero de 2015, Vargas Campos declaró de oficio la nulidad del proceso de selección para la contratación del supervisor, para posteriormente convocar a un nuevo proceso el 11 de febrero y se entregó la buena pro para el contrato el día 3 de marzo de 2015.
Pero la principal irregularidad estaría en que la obra se encontraba al 46% del avance cuando se inició la nueva licitación y a pesar de esto el concurso se realizó por el valor inicial, S/ 109 000, como si los trabajos a supervisar no tuvieran avance alguno.
John Vargas Campos admitió las irregularidades, pero señaló que se debían a la falta de experiencia de sus funcionarios: “Podría haberse dado un error porque somos nuevos en gestión pública, pero no hubo un delito”.
En enero del 2017 su sobrina, de iniciales K. F. T. V., de 15 años, contó que era constantemente víctima de maltrato físico y psicológico. Detalló a los efectivos policiales que el 23 de diciembre de 2016 por la mañana discutió con su tío quien la golpeó con una correa originándole moretones. Posteriormente, la autoridad la encerró en su habitación hasta el 26 de diciembre, día en el que ella pudo salir con ayuda de una tercera persona.
La menor estaba al cuidado de Vargas Campos porque su madre se encontraba en Japón.
Carlos Alberto Chalán Chávez, quien fuera jefe del área de contabilidad de la Municipalidad de Magdalena de Cao, solicitó de manera urgente en enero de 2019, a través del informe N° 006-2019 dirigido a la Contraloría General de la República y a la Oficina de Control Interno, realizar un examen especial a los anticipos otorgados mediante la modalidad de encargos internos durante la gestión de John Vargas Campos en ese distrito.
Dicho informe señala que la situación financiera al 31 de diciembre de 2018, fecha en la que Vargas Campos terminó su período, deja un pendiente sin rendir por S/ 1 148 198.63.
John Vargas Campos fue demandado penalmente por el procurador de la Municipalidad de Magdalena de Cao por no haber cumplido con la transferencia de gestión al actual alcalde Santos Muñoz Romero, conforme lo exige la ley.
En noviembre de 2020, Jhon Juárez, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad (DDC-LL), denunció penalmente “a los que resulten responsables” por trabajos de remodelación de la Plaza de Armas de Ascope, considerada “zona monumental del distrito”. Según la denuncia, dicha obra no tuvo el aval del Ministerio de Cultura. Los presuntos delitos por los que en agosto de 2019 se inició proceso a la autoridad ascopana son “contra el patrimonio cultural de la nación –destrucción o alteración de bienes culturales– y violencia y resistencia a la autoridad”.
John Vargas sostuvo que la DDC-LL nunca se comunicó con él y que la obra obedeció a un “clamor del pueblo ascopano y a un acuerdo de concejo. Ellos siempre están de espaldas al pueblo y a las necesidades de la población. Se ciñen a una norma sin ver la realidad”, enfatizó.
Ney Gámez, exalcalde de Chao
No es nuevo en la gestión pública, es alcalde reelecto de Chao y tiene algunos hechos para resaltar en su actuar político.
En agosto del 2009, como alcalde de Chao, Ney Gámez fue denunciado por violación de domicilio e intento de homicidio. Justo Galicia Pulido fue la víctima. Según el atestado policial, el móvil habría sido las críticas a la gestión de Gámez Espinoza.
«Ney Gámez entró violentamente a mi casa, a las 9:40 de la mañana, él ingresó con un revólver a mi dormitorio para matarme (…) Ney Gámez estaba ebrio y por eso no dudó en tratar de ahorcarme e ingresar con pistola en mano a mi domicilio», dijo el agraviado en aquel entonces.
En 2012 Gámez fue sentenciado a 12 años de pena privativa de la libertad por defraudación tributaria a la Sunat y por delito de lavado de activos. Sunat manifestaba que Gámez había evadido el pago de impuestos entre los años 2003 a 2005, ocultó sus ingresos en el mismo período y declaró a la Sunat que no registraba actividades comerciales cuando en realidad percibía diversas ganancias por sus negocios de venta de maíz, alquiler de maquinaria y comisionista por venta de páprika. Estas actividades fueron puestas en evidencia el año 2007 luego que se detectó un patrimonio no justificado en sus cuentas bancarias que no guardaban relación con los ingresos e impuestos que declaraba mensualmente.
En octubre de ese mismo año fue absuelto y volvió a asumir funciones en la comuna de Chao, para la gestión 2012-2015.
Roger Quispe, exalcalde de Moche
El 23 de enero de 2019 Roger Quispe fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Moche. Esto, luego de contratar de manera irregular a la empresa Megadiesel E.I.R.L, la que ganó una buena pro para la adquisición de repuestos, servicio de reparación de un cargador frontal y una moto niveladora.
El exalcalde de Moche también fue inhabilitado por dos años para ejercer cualquier función, cargo, comisión o empleo de carácter público para todos los procesados, así como una reparación civil solidaria de S/ 35 607.
En junio del 2019 fue condenado a cinco años de prisión efectiva al demostrarse que utilizó su cargo de alcalde y de funcionario de la municipalidad de Moche para concertar con Juan Vallejos, representante legal de la empresa “Vallejos Service Ingeniería Digital E.I.RL., y defraudar al Estado por S/ 98 693.00, por trabajos no realizados. José Wilfredo Rodríguez Azabache y Juan Juvencio Vallejos Goicochea en calidad de cómplices, recibieron cuatro años de pena de libertad suspendida.
Roger Quispe se encuentra actualmente prófugo de la justicia.
Daniel Marcelo, exalcalde de La Esperanza y de Trujillo
De entre sus varias denuncias en contra, y aún vigentes, la más relevante hasta ahora tuvo sentencia el pasado mes de octubre de 2020 cuando el exalcalde distrital de La Esperanza (Trujillo) fue condenado por una sobrevaloración en el alquiler de baños químicos durante la emergencia del Fenómeno El Niño de 2017. El ingeniero apepista había firmado el alquiler de cinco unidades de estos implementos por más de 78 mil soles, cuando —según investigación realizada por el Ministerio Público—, el monto real en el mercado no superaba los dos mil soles. Se le dictó una condena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva por delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible en afectación de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
Carlos Alza Moncada, alcalde de Chocope
El alcalde de la Municipalidad Distrital de Chocope, procedente de las filas del Partido Aprista Peruano, tiene una condena vigente por delito de colusión agravada en torno a las irregularidades en la obra del mercado de Molino Canjanleque, por el que se pagó y solo se habría ejecutado el 15% de ella en el primer año de su gestión (2014).
En marzo de 2021 fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión, además, deberá pagar una reparación civil de S/ 95 500.00 con 425 días de multa.
Carlos Vásquez Llamo, exalcalde de Víctor Larco Herrera
En marzo del 2021, el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, Carlos Vásquez Llamo, fue condenado a cinco años de pena privativa de libertad efectiva e inhabilitación para ejercer cargo público. Los hechos señalan que, en una primera instancia, al momento de recibir la obra “Mejoramiento del muro de contención entre la calle José Pardo, en Buenos Aires Norte, y la calle Mariscal Nieto, en Buenos Aires Sur”, el comité de recepción de la municipalidad de Víctor Larco formuló observaciones porque la empresa a cargo no había ejecutado adecuadamente el muro destinado a contener los oleajes anómalos e intensos, y antes de levantar dichas observaciones, la empresa decidió resolver el contrato por “caso fortuito”. Al respecto, la gestión de Vásquez Llamo, aceptó y resolvió el contrato sin responsabilidad de la empresa, dado que “obedecía a un hecho de fuerza mayor”. Finalmente, se le pagó y la obra se la llevó el mar.
Luis Alberto Sánchez, exalcalde de El Porvenir
Quien fuera el alcalde del distrito zapatero fue denunciado por los presuntos delitos de usurpación y abuso de autoridad. Según su denunciante, el 3 de junio del 2010 Sánchez Coronel —aún en funciones—, junto a elementos policiales, serenos, volquetes y un cargador frontal intentaron desalojar ilegalmente a Jorge Teodoro Torres Mantilla de su domicilio ubicado en la calle Francisco de Paula Quiroz N° 100. El pretexto fue la construcción de un local comunal. Este caso no alcanzó sentencia condenatoria.