Los problemas judiciales no tienen cuando acabar para el alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán. Mientras aguarda el martes 20 de junio para conocer la decisión de la apelación a la sentencia vigente que tiene por difamación y cuya ratificación puede sacarlo de la Municipalidad, en un mes más también tendrá que enfrentar otro proceso judicial por el mismo delito.
REDACCIÓN INVESTIGA
Esta vez, el querellante es el exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamara, quien le exige al burgomaestre el pago de 100 mil soles como reparación civil por haber afectado su honor y reputación.
Según la resolución N.°14 del Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el juicio oral por este caso se realizará el 26 de julio del 2023 a las 9 de la mañana en la plataforma Google Meet. El alcalde deberá asistir bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz y ser conducido compulsivamente.
OTRA VEZ SE FUE DE BOCA
El origen del conflicto se remonta al año 2019, cuando Fernández era alcalde del distrito de Moche y pretendía intervenir en un camino ubicado cerca de las huacas de esa jurisdicción. El Proyecto Huacas de Moche se opuso a esta acción, argumentando que se ponía en riesgo el patrimonio cultural.
Desde entonces, según la denuncia de Morales, Fernández inició una campaña difamatoria contra él, atribuyéndole hechos deshonrosos como actos de corrupción y tráfico de piezas arqueológicas. Estas imputaciones fueron realizadas a través del medio de comunicación social de la página de la Municipalidad Distrital de Moche.
Morales sostiene que estas acusaciones son falsas y que afectan su intachable reputación como director del proyecto arqueológico. Por ello, pide que se sancione al alcalde con una pena privativa de libertad y una reparación civil ascendente a 100 mil soles.
Y, YA SE VIENE EL PEDIDO DE VACANCIA
Por otro lado, el exregidor provincial José Miranda Prado anunció que presentará el pedido de vacancia contra Fernández Bazán una vez que se ratifique la sentencia en segunda instancia por el caso de difamación contra la oficial PNP Nataly Rojas Rojas. Recordemos que el alcalde aceptó su responsabilidad y pidió perdón públicamente a la agraviada.