El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) considera que los primeros 100 días del nuevo gobierno serán determinantes para frenar la minería ilegal, una actividad que ya supera al narcotráfico como economía ilícita. En días pasados, presentó diez propuestas para desactivar esta economía ilícita.
De esas decisiones dependerá si esta actividad se detiene o continúa expandiéndose. El especialista del OMI, César Ipenza, consideró que el nuevo gobierno debe entender que la minería ilegal ya es la principal actividad delictiva del país y la que más dinero mueve, con cerca de 11.500 millones de dólares, y la que viene acompañada de graves impactos ambientales y delitos conexos.
Para el Observatorio, urge cerrar definitivamente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Ese registro se convirtió en escudo para mineros informales que siguieron extrayendo oro sin controles. El nuevo gobierno no debería ampliarlo más, sino diseñar un régimen temporal que anticipe su cierre.
Otra propuesta
Otra propuesta es aplicar el principio de responsabilidad ambiental para que los mineros que operan en zonas prohibidas respondan en los penal y lo civil. El año pasado, el Tribunal Constitucional recomendó eliminar la exención de responsabilidad para los mineros con REINFO. Sin embargo, el gobierno actual no hizo nada, por lo que el próximo presidente deberá acabar con ese blindaje legal.
También debe asegurarse presupuesto para la lucha contra la minería ilegal. No se pueden realizar interdicciones en las zonas controladas por mafias si la Fiscalía no tiene recursos (este año tiene cero soles). Además, exige medidas antisoborno en el Ministerio de Energía y Minas, dado que la Dirección de Formalización Minera arrastra denuncias de corrupción y expedientes observados de años atrás.
Prohibiciones y metas
Otra medida consiste en aprobar una ley que elimine el uso del mercurio, metal que contamina ríos, suelos y poblaciones. La meta planteada es prohibirlo totalmente en 2030. Respecto a la trazabilidad del oro, plantea poner en funcionamiento el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA). Presentado como una iniciativa que busca reforzar la trazabilidad de minerales, así como el intercambio de información entre las entidades involucradas en la formalización minera para una fiscalización efectiva. Asimismo, propone aprobar un decreto supremo que prohíba expresamente la minería en ríos amazónicos.
Estas propuestas están dirigidas a los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP). Según el Observatorio, sus planes de gobierno presentan vacíos. Ninguno explica cómo resolverá el problema. FP no precisa cómo cerrará el REINFO ni cómo financiará una estrategia sostenida contra el crimen vinculado al oro ilegal. Mientras que JP propone cooperativas mineras, propiedad social y la extinción de concesiones que no estén en actividad, y reducir los plazos de caducidad de concesiones formales.
Ipenza dijo que esos vacíos obedecen a dos posibles razones. “O ignoran la realidad del país y no entienden lo que implica esta actividad ilegal, por lo que no merecen gobernarnos; o están estrechamente vinculados a esa actividad y, por eso mismo, no la cuestionan ni plantean medidas concretas, reales y efectivas”, dijo.
En manos del próximo gobierno
El próximo gobierno deberá decidir si enfrenta con firmeza a una economía ilícita que ya se ha instalado en varias zonas del país, que pone en riesgo la seguridad de miles de peruanos a diario y que usa a la corrupción estrategia para operar en la impunidad. En ese contexto, preocupa no contar con propuestas claras. ¿Acaso no es urgente resolver uno de los problemas más graves que enfrenta hoy el Perú? Los cuestionamientos sobre el verdadero compromiso político son inevitables.
