El Congreso de la República aprobó este 5 de junio, en la Comisión de Relaciones Exteriores, un proyecto para regular y sancionar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben financiamiento del exterior, generando una serie de reacciones desde diversas asociaciones civiles e incluso de dieciséis embajadas de los países cooperantes.
Según la Coordinadora de Derechos Humanos, esta propuesta del Legislativo busca limitar el derecho de asociación y de participación ciudadana a través de las ONG. Impone multas desproporcionadas. Permite disolverlas sin causa justa ni debido proceso. Y facilita la intervención directa de los congresistas en competencias exclusivas del Ejecutivo a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Las ‘Organizaciones No Gubernamentales’, que comenzaron a trabajar después de la Segunda Guerra Mundial, fueron reconocidas por la ONU en 1950. En el Perú iniciaron actividades hace 60 años, y actualmente existen unas 1,834 ONG, según el Sistema Integrado de Gestión de la Cooperación Técnica Internacional (SIGCTI) de la APCI, al 3 de enero de 2024.
La Red de Medios Regionales del Perú entrevistó a Diana Miloslavich Túpac, defensora de los derechos humanos y exministra de la Mujer y a Federico Arnillas Lafert, sociólogo y presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), a fin de conocer su opinión y sentir respecto a esta propuesta legislativa. Aquí lo que dijeron.
Diana Miloslavich: “Las ONG han aportado a la construcción de los derechos de la sociedad civil”
La defensora de los derechos humanos, Diana Miloslavich Túpac, dijo que el proyecto de ley del Congreso afectará a todas las organizaciones no gubernamentales. Tanto a las de Derechos Humanos, como a las que defienden el medio ambiente, y a las mujeres. Y añade que se va a afectar directa y especialmente a las más chicas, porque la norma prevé imponer multas muy altas que no van a poder pagarlas.
Miloslavich Túpac hizo notar que estas formas de acoso a las organizaciones afectan la democracia en nuestro país, lo que es un tema central. Pues afecta la libertad de asociación y a un sector de la sociedad civil organizada a la que en los últimos 60 años se le ha dado la posibilidad de que ejerza una labor de vigilancia a lo que sucede en el país, refirió.
“Desde las ONG hemos aportado a la construcción, la ampliación y el desarrollo de los derechos de la sociedad civil en nuestro país…están afectando a un sector de la población que ha sido importante en la construcción de ciudadanía de un proyecto de país en los que muchos y muchas hemos estado de acuerdo por lo menos en los últimos 24 años”, enfatizó.
Diana Miloslavich Túpac, defensora de los derechos humanos y política peruana
«El proyecto de ley está hecho sobre mucha desinformación sobre lo que hacen las ONG»
Diana Miloslavich recordó que ha habido una llamada de atención bastante fuerte en nuestro país, en el que más de 16 embajadas han expresado su preocupación por este proyecto, porque parte de los fondos de la cooperación internacional viene de países como Reino Unido, Alemania, Suecia, Finlandia, Estados Unidos a través de USAID, entre otros. Y consideró que el proyecto está hecho sobre mucha desinformación y confusión respecto de lo que hacen y a lo que se dedican las ONG.
“Han hablado de un doble registro y se ha creado una figura de activismo político, cuando lo que se hace es una llamada de atención y alerta sobre los recursos de nuestro país y medioambiente y hay otras que han apostado por la defensa de la democracia como el Instituto de Defensa Legal”, refirió.
Diana Miloslavich Túpac, defensora de los derechos humanos y política peruana
También recordó que no es la primera vez que se hace una corriente muy fuerte en contra de las ONG, ya que hace algunos años se desplegaron recursos en contra de estas organizaciones y lo que sucedió en la práctica con estas intervenciones de fiscalización fue que se detuvo el trabajo que se venía haciendo con la población.
Federico Arnillas: “se ha hecho un trabajo desde las ONG en alianza muchas veces con el propio sector público”
El sociólogo Federico Arnillas Lafert, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), revaloró la participación que han tenido las organizaciones no gubernamentales en el espacio de la mesa de concertación conjuntamente con gremios empresariales, con organizaciones sociales de base y con diversos estamentos de la sociedad peruana.
Dijo que hay un esfuerzo sinérgico que se ha venido desarrollando en el país, justamente, por poner en el centro la protección de los derechos de las personas, incluyendo los derechos humanos, algunos de los cuales tienen un fuerte nivel de desprotección.
Asimismo, refirió que para el país la cooperación internacional ha sido una contribución muy importante para enfrentar problemas vitales para la población más pobre del país. Y que esta contribución se hace con transferencias de dinero, pero también con conocimiento, tecnología y, haciendo llegar estas transferencias a las zonas más pobres del país.
«Estos son elementos sustantivos porque tenemos un estado que lamentablemente no llega con servicios de calidad y este es un canal de la cooperación internacional que no es reembolsable a diferencia de los fondos del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo que sí son reembolsables», aclaró.
Federico Arnillas Lafert, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP)
«Los donantes van a preferir otros espacios en los cuales poner esos recursos y serán orientados a esos países que ya no sería el Perú»
Explicó que los países donantes tienen un compromiso con el país y que hay una reciprocidad que es muy importante. Consideró que cerrarse a la cooperación internacional, ponerles un marco normativo, lo que va a hacer es afectar al país y eso debe ser una alerta para garantizar y proteger los derechos de la población a la que llegan estos servicios con el apoyo de la cooperación internacional.
Federico Arnillas hizo notar que, para que las organizaciones no gubernamentales hagan uso de los recursos de los países donantes, han tenido que competir entre sí. No son puestos con decisiones unilaterales. Enfatizó en que tienen que concursar por esos recursos y esforzarse por tener las mejores propuestas, por tener un historial de gestión y que eso tenga el mayor impacto posible.
“Al perderse ese canal y con las restricciones, obviamente los donantes van a preferir otros espacios en los cuales poner esos recursos y serán orientados a esos países o territorios que ya no sería el Perú”, refirió.
Federico Arnillas Lafert, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP)