La denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas fue bien recibida por los familiares de las víctimas y heridos de Pichanaqui, pero señalaron que la lucha continúa, pues ahora el Congreso debe decidir si acepta y valida la denuncia para que la Fiscalía de la Nación continúe con su investigación preparatoria.
En Pichanaqui son tres víctimas mortales y 22 personas con lesiones graves o leves, cuyos casos están en investigación preparatoria. Ellos resultaron agraviados el 16 de diciembre de 2022, en el desbloqueo del puente Pichanaqui, en la provincia de Chanchamayo, con una fuerte represión de la Policía.
La Fiscalía de la Nación imputa a Dina Boluarte y seis exministros de los delitos de homicidio calificado por 44 muertes en las protestas y lesiones graves o leves de 166 heridos, en el mismo contexto de violaciones a los derechos humanos.
“Esto de la denuncia es bueno, pero la lucha continúa”, dijo a Huanca York Times, Óscar Gonzales, padre de Jhonatan Tello, el adolescente de 17 años, muerto por impacto de arma de fuego la madrugada del 16 de diciembre, a pocos metros del puente Pichanaqui.
Gonzales y una delegación de Pichanaqui participaron el 27, 28 y 29 de julio en las marchas contra el Gobierno y en demanda de justicia en Lima.
Asimismo, Susana Sulca, madre de un adolescente herido, dijo que espera que el Congreso acepte la denuncia de la Fiscalía de la Nación y permita que continúa con la etapa de formalización de la investigación preparatoria contra Dina Boluarte.
Además de Boluarte, la Fiscalía de la Nación imputa los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, a los expresidentes del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y Pedro Angulo Aranda, los exministros de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta y César Augusto Cervantes Cárdenas, y los extitulares del Interior, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, por la muerte de 44 personas y 116 heridos de las protestas 2022 y 2023.
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